Elecciones 2024
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En un mismo foro, el Sistema Nacional de Transparencia reúne a los integrantes de los órganos garantes del acceso a la información pública y la protección de datos personales de las 32 entidades federativas, además de los comisionados del INAI. Para la homologación de criterios, el intercambio de experiencias y la implementación de herramientas de gestión, acordaron integrar ocho comisiones especializadas.

La primera reunión del 2019 acaba de ocurrir, en la sede central del INAI, al sur de la CDMX. Entre las sesiones del miércoles 28, según revelaron asistentes al cónclave, quizá las más palpitantes fueron las sesiones de las comisiones de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, y de Protección de Datos Personales.

Las reglas para el uso de las redes sociales —propuesta por Salvador Romero, comisionado del ITEI-Jalisco— despertaron un debate que se extendió durante dos días y sobre el que finalmente no hubo consenso. Una semana antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había decretado que los servidores públicos no podrán impedir el seguimiento de sus redes sociales a los ciudadanos —sean periodistas o no— pues la información compartida a través de esas vías tienen relevancia pública y es información de interés general.

Para garantizar ese derecho, instaron los comisionados, en el SNT debían predicar con el ejemplo. En los chats de dos comisiones —la de Archivos, coordinada por José Guadalupe Luna, y la de Datos Personales, presidida por Javier Martínez Cruz, ambos comisionados del Infoem—, Elsa Bibiana, del Info-DF, ha sido marginada.

“Porque expresa lo que siente”, le reprocharon. Y también censuraron a otras comisionadas —entre ellas Marlene Alonso, del IAIP-Tlaxcala, y Norma Julieta Del Río Venegas, expresidenta del IZAI— por usar los chats oficiales para salutaciones y agasajos por motivos familiares o personales. El presidente “legítimo” del instituto tlaxcalteca, insistieron, es José David Cabrera Canales.

En el receso, Del Río Venegas recibió copia de la sentencia judicial esgrimida por Cabrera Canales y un mensaje buscaba ser lapidario: “Si llegara usted a tener alguna duda, con gusto le podemos remitir toda la información y las resoluciones jurisdiccionales”.

En la Comisión de Equidad de Género, ambas comisionadas denunciaron públicamente previos intentos de censura, intimidación y violencia política de género. El respeto que ofrecían los comisionados en la sesión pública, empero, no prevalecía en las redes sociales. “En madriza con Norma Julieta”, escribió Martínez Cruz– en un chat de WhatsApp que comparte con otros integrantes del SNT. De inmediato, otros colegas reaccionaron ante el tono agresivo de ese texto.

“Eres un cobarde”, reclamó al micrófono Del Río Venegas, cuando le mostraron el mensaje, que Martínez Cruz ya había eliminado del chat, aunque las impresiones de pantalla ya circulaban profusamente para entonces. “Al enviar ese mensaje me equivoqué de grupo”, explicó el aludido, sin ofrecer disculpas.

Las tensiones entre los integrantes del SNT afloraron en la sede del INAI. En el tintero quedó la propuesta de Romero Espinosa de establecer orden en la utilización de las redes sociales en los órganos garantes y el SNT para la difusión de información pública. La negativa a sus sugerencias de establecer causales específicas para que los comisionados bloquearan a usuarios generó un rechazo casi unánime,

En ciernes, la implementación de la Política Nacional Anticorrupción. Pero en estas pugnas, el Comité de Participación Ciudadana —autodefinido como eje rector del sistema y el canal de interacción entre las instituciones de gobierno y las ONG— ni siquiera se anima a intervenir. Este jueves, el comité de selección —en una sesión abierta, celebrada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM— nombró al nuevo integrante del CPC que sustituiría a Luis Pérez de Acha.

El INAI sigue, mientras tanto, en espera del arribo de Josefina Román Vergara. El pasado miércoles 27 fenecía el plazo para que el Ejecutivo federal emitiera una opinión, tras su elección en el Senado de la República, por lo que será hasta la primera sesión plenaria de abril cuando la exsecretaria técnica del sistema mexiquense anticorrupción ocupe la vacante, a cuatro meses del fallecimiento de Carlos Bonin.

Abogada fiscalista, experta en procesos de auditoría, Román Vergara fue comisionada presidenta del Infoem pero sus compañeros del pleno presionaron para que fuera removida de ese cargo. Su caso —comentan otras representantes de los órganos autónomos locales— reúne las características de una campaña de discriminación, por razones de género y estado civil.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿CUOTISMO? La Junta de Gobierno del Inmujeres sesionó este jueves para validar los nombramientos de Mónica Maccise como secretaria ejecutiva; Marta Clara Ferreyra, como directora general de Autonomía y Empoderamiento; Fabiola Alanís Sámano, como directora general para la Igualdad Sustantiva y Combate a la Violencia; y de Fernando López-Portillo Tostado, como director general de administración, propuestos por Nadine Gasman y Olga Sánchez luego de consultar a las dirigencias partidistas y a grupos feministas.

NOVEDADES. Alejado de la política, no por decisión propia, Óscar Espinosa Villarreal acaba de entregar Claroscuros del poder (Miguel Ángel Porrúa, 2019), una “crónica reflexiva” de su trayectoria en el servicio público y el activismo priista a lo largo de tres décadas. Un ejercicio de memoria equiparable, reforzado por un cúmulo de entrevistas, que realizó el maestro Alfonso Zárate Flores, para reconstruir el surgimiento del Grupo San Ángel, la iniciativa ciudadana que reunió a Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox, Amalia García, Manuel Camacho Solís y Enrique Krauze —por citar sólo a algunos de los protagonistas de esos encuentros—, bajo la anfitrionía de Jorge G. Castañeda. En librerías ya está disponible ¡Ya Supérenlo!, el compendio del monero tapatío Daniel Camacho, editado por Grijalbo.