La confusión fue sembrada por Human Rights Watch (HRW) y el gobierno del presidente Peña Nieto hace exactamente dos años. Hoy que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU presente las conclusiones sobre México, puede ser una buena oportunidad para llamar a las cosas por su nombre y terminar con esta secuencia de enredos, … Continued
La confusión fue sembrada por Human Rights Watch (HRW) y el gobierno del presidente Peña Nieto hace exactamente dos años. Hoy que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU presente las conclusiones sobre México, puede ser una buena oportunidad para llamar a las cosas por su nombre y terminar con esta secuencia de enredos, engaños y mentiras.
En febrero de 2013, luego de cientos de adjetivos sobre “el creciente problema de las desapariciones”, HRW solo documentó 149 desapariciones forzadas en México. Muchas, desde luego, pero nada que ver con terrorismo de Estado.
La cifra de 149 de HRW parecía lógica, creíble. Entonces apareció la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, y habló de 27 mil desaparecidos. Cifra sin pies ni cabeza, pero que al gobierno del presidente Peña Nieto no le venía mal. Empeñado en ganar con propaganda la batalla contra los criminales, se preocupó poco por aclarar los números y dejó correr la idea de los veintitantos mil. Sabía perfectamente que en esa lista cabía igual el señor que salió a comprar cigarros y se fugó de la esposa, o el joven que se perdió en la central camionera. Una chapuza.
Dos años después, la cifra ha dejado de ser útil para el gobierno. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas marca más de 23 mil desaparecidos. Y muchos de ellos se registran en los 800 días de esta administración.
Pero una desaparición forzada es otra cosa. Implica privación de la libertad de una persona, negativa a reconocer esa desaparición, y debe probarse que fue consecuencia directa de la acción del gobierno, o con su conocimiento. ¿Cuántos casos, pues, hay en México?
“Lo dijimos en el reporte que entregamos al Comité en Ginebra”, me explica Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH. “No hay una cifra confiable, porque no se tienen bases de datos, una metodología adecuada para distinguir qué casos pueden ser desaparición forzada”.
–¿Cuántas? –le pregunto a Julio Hernández Barros, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
—Son 194 casos –responde con contundencia—. Son 194 personas cuya desaparición es atribuible a las autoridades federales, estatales o municipales.
—¿Los 194 incluyen a los 43 de Ayotzinapa?
—Desde luego. El caso Ayotzinapa, sin ninguna duda reúne todos los requisitos de una desaparición forzada.
Ciento noventa y cuatro son muchas personas. Aunque nada que ver con las 30 mil desapariciones de la guerra sucia argentina u otras de las peores páginas de la historia universal. Nada.
MENOS DE 140. Por los caminos del sur… Todos llevan a Ernesto Aguirre, el “súper asesor”, el “factótum de Guerrero”.
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