La movida, nos dicen, está en las especificaciones técnicas de la licitación para la adquisición de estos equipos, las cuales tienen todas las características de la marca Phillips, para, de esta forma favorecer a un solo proveedor (así de amañado está el asunto)
Hace un mes, el Órgano Interno de Control del IMSS recibió —vía electrónica— una denuncia contra una exfuncionaria del hospital de especialidades del Centro Médico Nacional La Raza. Recientemente estrenó coche y eso habría desvelado los “incentivos” que recibió de diferentes proveedores de insumos para el manejo de imágenes médicas. Cuatro firmas trasnacionales y una local, entre los involucrados.
“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el propio IMSS tienen el mayor interés en combatir actos irregulares”, dice el oficio 00641/30.102/Q/0191/2025-NDF, suscrito por Mauricio Arturo Cajiga González, titular del área de denuncias e investigaciones.
La denuncia fue admitida a trámite (expediente 2025/IMSS/DE182) y ahora deberán realizarse investigaciones y diligencias sobre los presuntos moches exigidos por personal actualmente adscrito a la coordinación de Planeación y Servicios Médicos de Apoyo del Instituto.
Una investigación interna, en un momento crítico, pues están por arrancar los procesos licitatorios para sustituir equipo médico en unidades hospitalarias ubicadas en las 32 entidades de la República Mexicana. Más de 6,322 millones de pesos, de los cuales 60% —casi 3,600 millones— fueron destinados a la adquisición de 12 aceleradores lineales (2,419 millones) y 42 tomógrafos etapa II (1,177 millones).
La movida, nos dicen, está en las especificaciones técnicas de la licitación para la adquisición de estos equipos, las cuales tienen todas las características de la marca Phillips, para, de esta forma favorecer a un solo proveedor (así de amañado está el asunto).
Ni las compras consolidadas ni los nuevos esquemas de combate a la corrupción parecen efectivos para desincentivar a funcionarios y empresas acostumbradas a los “servicios de gestión”, en los procesos licitatorios del sector salud. En el IMSS, se refirió en este mismo espacio, la Auditoría Superior de la Federación ya revisará la adquisición de equipo médico y de laboratorio de la Cuenta Pública 2024. Las revisiones se harán extensivas a los contratos adjudicados directamente para las salas de hemodinamia.
Otras licitaciones también están bajo sospecha. En el Estado de México, —concurso LPN/ISSEMYM/025/2025— la empresa Instrumentos y Equipo Falcón obtuvo un contrato para el servicio integral de laboratorio clínico, por hasta 192 millones de pesos.
Esa firma enfrentaba una inhabilitación de siete años, impuesta por la Secretaría de la Función Pública, por su adscripción a un conglomerado de empresas que incurrían prácticas monopólicas en licitaciones para servicios de laboratorios y bancos de sangre a instituciones públicas de salud. De acuerdo con la Cofece, el Cártel de la Sangre generó un daño de poco más de 1,200 millones de pesos al erario por esas prácticas detectadas en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para el ISSSTE y el IMSS, principalmente.
La sanción le fue retirada por la sexta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el 2023.
Efectos secundarios
¿DESDÉN? Han pasado casi dos años de que el gobierno de Guerrero decretara la cancelación del título de concesión del Viaducto Punta Diamante, principal acceso a la zona turística de Acapulco. Sin que los recursos recaudados por el peaje sean destinados al mantenimiento de esa vía de comunicación, la administración estatal no atiende la resolución judicial que reconoce plenamente a Fibra Orión como legítima concesionaria. Ese desacato un problema mayor: la creciente incertidumbre jurídica en México.
ALERTAMIENTO. Han pasado dos meses desde que Interpublic Group y Omnicom oficializaron su intención de fusionarse ante la SEC, lo que daría paso al surgimiento de un gigante publicitario de alcance global. Como en otras latitudes, en México han surgido voces contrarias y fueron escuchadas en el Senado de la República, donde quieren que la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, se pronuncie sobre la legalidad de esa operación, que —según la petición firmada por Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Luis Armando Melgar Bravo y Enrique Vargas del Villar, entre otros— podría limitar la pluralidad informativa y la creatividad publicitaria, pues conjuntaría más de 30% del mercado publicitario mexicano.
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