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“Marihuana: Cómo”, es el título del artículo en el que Catalina Pérez Correa y Jorge Javier Romero Vadillo delinearon ya lo que podría ser un sistema de legalización y regulación para la producción y el consumo de la mariguana en México (http://www.nexos.com.mx/?p=28051).

La regulación, sostienen, “debe estar orientada a lograr la descriminalización efectiva de los consumidores”. Su objetivo debe ser “reducir el mercado clandestino de la marihuana” y “arrebatarle el negocio al crimen organizado”.

Ambas cosas deben hacerse, en su opinión, “sin fomentar un aumento en el consumo”, es decir, no dando paso a la “creación de un mercado legal competitivo”, como en Colorado.

Tampoco debe pensarse en imponer altos impuestos, con fines recaudatorios, pues esta política ha demostrado, en el estado de Washington, que alienta con sus altos precios la persistencia del mercado negro ilegal.

A diferencia de lo que ocurre en los estados de Estados Unidos donde se ha legalizado la mariguana, en México no debería haber un objetivo de recaudación fiscal, como en el estado de Washington, ni uno de promoción del mercado, como en Colorado.

El modelo propuesto responde a las líneas del esquema uruguayo, donde “se ha creado un mercado controlado por el Estado, a la vez que se han abierto otras posibilidades de aprovisionamiento para el uso personal entre los adultos”.

Los componentes del modelo son:

1. Crear un mercado no competitivo, controlado por una empresa distribuidora única del Estado. Esta empresa sería la encargada de comprar la producción de los campesinos —hoy controlada por los cárteles— y de garantizar los estándares de calidad tanto para el consumo personal como para usos farmacéuticos, médicos y terapéuticos.

2. Despenalizar el cultivo doméstico para uso personal, permitiendo hasta seis plantas sin necesidad de registro alguno.

3. Regular la existencia de clubes cannábicos, concebidos como asociaciones civiles sin fines de lucro, que provean a sus socios una cantidad regulada de mariguana al mes con estándares fijados por un organismo público especializado.

4. Prohibir todo tipo de publicidad y, desde luego, la venta a menores.

Con este u otro modelo, las primeras reformas urgentes son: 1. Ampliar las dosis mínimas permitidas por la ley. 2. Eliminar el delito de “posesión simple”, responsable de la décima parte de los presos federales acusados por delitos contra la salud.

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