Durante los últimos años hemos venido insistiendo en la necesidad de ser muy prudentes y cuidadosos con el voto electrónico; mecanismo de votación promovido por ciertas autoridades electorales y por numerosas empresas (con obvios intereses económicos) como “la panacea”.

Nuestras advertencias, en algunos casos, no solo no fueron oídas, sino que además no nos volvieron a invitar a sus procesos electorales.

Este fue el caso de la Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana, cuya labor analizamos críticamente durante las elecciones internas del pasado mes de octubre.

En el caso de la República Dominicana ya habíamos advertido: en el proceso electoral de 2016, los graves riesgos que la JCE, de aquel entonces, incurría al querer utilizar (cono lo hizo) los escáneres comprados a Indra por una suma millonaria; experiencia que resultó un fracaso.

Una advertencia similar hicimos oportunamente a esta JCE, en relación con los riesgos de incorporar el voto automatizado sin tomar debida nota de las lecciones que emergen de la experiencia comparada, así como del Informe de IDEA Internacional sobre el voto electrónico.

El grave y bochornoso fracaso de ayer, así como las serias irregularidades q tuvieron lugar en octubre 2019 en las internas del PLD, pudieron haberse evitado si la JCE hubiese actuado con prudencia, transparencia, profesionalismo y humildad. Lamentablemente no fue el caso.

Ayer fue un día triste y de duelo para la democracia Dominicana que quedara registrado en la historia del país.

La JCE fracasó a la hora de garantizarle al pueblo dominicano un proceso electoral bien organizado y digno de la confianza ciudadana.

La experiencia comparada aconseja incorporar, de manera segura, gradual e inteligente, la tecnología en aquellas etapas del proceso electoral donde esté comprobado que agrega valor. Iniciar el voto automatizado en el 62 por ciento del padrón electoral fue un acto irresponsable.

Esta incorporación debe ser hecha de manera gradual y venir acompañada de todos los controles y auditorías q sean necesarias para generar confianza en los partidos políticos y la ciudadanía.

También debe acompañarse con programas adecuados de capacitación del personal que los utilizará (incluido los miembros de mesas electorales y suplentes) y de una intensa campaña de educación ciudadana para que el uso de los mismos no resulte complicado y genere confianza.

La tecnología y sobre todo el voto electrónico no es una “bala de plata”. La celeridad tampoco es un principio del derecho electoral. Si lo son, en cambio, la seguridad jurídica, el secreto del voto y la certeza de los resultados.

Todos estos son principios fundamentales dirigidos a generar confianza, credibilidad y legitimidad tanto del proceso electoral, como de las instituciones electorales y de los propios resultados electorales.

De ello depende ni más ni menos que la legitimidad de origen de las autoridades electas sobre la q se asienta la democracia representativa.

Que hacer frente a esta compleja crisis? Evitar en primer lugar q la crisis se agrave con efectos muy negativos en la estabilidad política y económica del país.

La salida no depende únicamente de una decisión electoral que provenga de una JCE que ayer ha sufrido no solo un durísimo golpe a su credibilidad, sino también a su idoneidad profesional.

La institución, que es la causa de esta crisis, mal puede, por sí sola, ser su solución.

La salida de esta grave crisis requiere de decisiones jurídicas acertadas pero también, como en 1994, de un acuerdo político amplio, negociado de buena fe, con transparencia de cara a la ciudadanía, y, sobre todo, con un alto grado de responsabilidad d parte del liderazgo político.

Lo que está en juego no son unas elecciones, sin perjuicio de la importancia que estas tienen. Lo que está en juego en este momento es la estabilidad política, la paz social, la estabilidad económica, la imagen del país y la democracia misma. Es mucho lo que está en juego.