Hay algunos temas legales, como la composición actual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pueden ser piedras en el camino para la calificación de la elección presidencial
Hay que estar preparados para todos los cambios que se empezarán a dar después del cierre de las casillas electorales el próximo dos de junio.
En cualquier democracia las elecciones no son un mero trámite y hoy, a 11 días de que se abran las urnas, no se puede determinar ningún resultado por más que el discurso oficialista quiera jugar a la misma estrategia que utilizaron en las elecciones del Estado de México donde apostaron a crear un ambiente de inevitabilidad de determinado resultado.
Hoy no es así, porque entre lo menos confiable que tiene el actual proceso electoral están las encuestas y así se han cansado de demostrarlo una y otra elección.
Pero, ya con los resultados, la siguiente aduana será la aceptación de éstos, en especial por parte del Presidente. Sabemos que López Obrador no sabe perder, pero no sabemos cómo reacciona quien, además de no aceptar una derrota, detenta el poder presidencial.
Hay algunos temas legales, como la composición actual del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pueden ser piedras en el camino para la calificación de la elección presidencial.
Pero si suponemos que todos esos capítulos postelectorales, entre el cierre de las casillas y la calificación electoral, salen sin contratiempos, lo que sigue es que los vencedores muestren sus verdaderos colores.
Cada una de las combinaciones posibles en las elecciones, entre los vencedores del poder Ejecutivo y Legislativo, dará un resultado diferente en las políticas públicas que se puedan seguir.
Pero todas las alternativas posibles se van a enfrentar con los mismos problemas de inicio de gobierno dentro de apenas 130 días.
El hecho de que el futuro expresidente Andrés Manuel López Obrador genere un efecto hipnótico entre no pocas personas, no significa que las cuentas que dejará serán algunas de las peores en la historia reciente de México, sólo comparables con las del populismo de Echeverría o López Portillo.
Quien quiera que sea la presidenta de México a partir del 1 de octubre va a tener que decidir si sigue por el mismo camino hacia el ya cercano barranco de una crisis económica o bien emprende un costoso camino de recomposición política, social y fiscal.
Hacerlo implicaría borrar de un plumazo muchas de las promesas de gasto hechas en campaña, o al menos postergarlas hasta que se enderece el barco financiero del país.
Prometer más gasto en programas sociales genera votos, adelantar una reforma fiscal, espanta electores. Pero eso es lo que tendrá que hacer la primera Presidenta de México para salvar las finanzas públicas, una reforma fiscal.
En muy pocos meses, la Presidenta electa, tendrá que tomar decisiones profundas respecto a la calidad del gasto, a las fuentes de ingreso y del destino de muchas malas decisiones del actual Presidente, como la política energética vigente, con todo y la suerte financiera de Petróleos Mexicanos.
Si lo que sigue para México es una continuidad lineal, la factura, potenciada y agravada, la pagaremos a partir del próximo año cuando la bola de nieve financiera sea insostenible.
Si lo que sigue es una corrección, lo que hay que atender es la habilidad política para implementar cambios en un país que desafortunadamente cayó muy bajo en las redes del populismo.
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