Ante lo que consideró “cuestionamientos infundados” a la legalidad de ese acuerdo, el secretario ejecutivo decidió terminar anticipadamente la colaboración entre ambas instituciones… 22 días después de su firma
Han pasado apenas dos semanas del relevo en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción, el espacio de coordinación interinstitucional que por diseño constitucional se encarga de definir la política pública en la materia.
Esa instancia de coordinación actualmente tiene tres integrantes, de los cinco contemplados en el marco regulatorio. La presidenta saliente, Magdalena Verónica Rodríguez, recurrió a sus redes sociales para hacer una enérgica censura: no debía desinformarse a la sociedad —exigió— ya que ella había hecho la entrega de su cargo en tiempo y forma.
La exigencia, en todo caso, provino de la representante de la secretaría de anticorrupción y buen gobierno, Mónica Vargas Ruíz —exsecretaria de la contraloría en Chihuahua— quien requirió el acta entrega recepción, según consta en el oficio SABG/OICSEGOB/ORSESNA/900/006/2025, fechado el pasado 17 de febrero.
Mientras esa petición es solventada, la secretaría ejecutiva del SESNA ha quedado en vilo. El secretario técnico de ese órgano público descentralizado, no sectorizado, Roberto Moreno Herrera, estaría en rebeldía tras de ser removido de su cargo por la presidenta entrante, Vania Pérez.
Pero el funcionario ha negado su remoción y alegó que los integrantes del órgano de gobierno —los titulares de la Secretaría Anticorrupción, la ASF, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa— son los únicos facultados para esa solicitud.
La presidenta del comité de participación ciudadana y del órgano de gobierno, Vania Pérez Morales, le anticipó su destitución, la tarde del pasado miércoles 19. Pero el oficio en el que instruye al secretario técnico de la SESNA para convocar a una sesión extraordinaria del órgano de gobierno lo giró —vía electrónica— a las 17:42 horas de ayer. ¿El tema único? “Propuesta y en su caso aprobación de la remoción del secretario técnico de la SESNA”. Dicha decisión —esgrimió— fue tomada por las integrantes del Comité. “Tu estancia es insostenible”, le comunicó.
Moreno Herrera funge como secretario técnico de la SESNA desde el 27 de junio del 2022 y su designación es por cinco años. La única ocasión en que su mandato fue cuestionado —previo a su diferendo con Vania Pérez— ocurrió hace 10 meses, cuando acudió a las instalaciones del IFT para firmar un convenio de colaboración con la titular del OIC de ese órgano autónomo, Perla Lizeth Gómez.
La cita había sido pactada para el lunes 1 de abril, pero el titular de la SESNA había tramitado un permiso, a cuenta de vacaciones, “por motivos personales”, y no obstante, se apersonó en la sede del órgano autónomo. “Privilegié mis responsabilidades como servidor público ante mis intereses personales”, argumentó.
Ante lo que consideró “cuestionamientos infundados” a la legalidad de ese acuerdo, el secretario ejecutivo decidió terminar anticipadamente la colaboración entre ambas instituciones… 22 días después de su firma.
En la SESNA está el pleito cantado. ¿Y la secretaria Raquel Buenrostro? Ayer por la tarde, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un espacio en su agenda para recibir a los integrantes del Pleno del Inai. De última hora, la comisionada Norma Julieta Del Río Venegas avisó que no podría acudir a la reunión por causas de fuerza mayor.
Los comisionados del Inai supieron, de primera mano, que el Ejecutivo federal ya entregó el paquete de leyes secundarias de la reforma constitucional que decretó la sustitución del órgano autónomo. A partir de ahora, comienza a correr el plazo para la entrega-recepción.
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