Luego de la titánica tarea de organizar los comicios del 2018, el INE vive bajo el asedio de la Cuarta Transformación
En ciernes de una reforma político-electoral que modificaría radicalmente las reglas de la competencia por el poder político, sin margen de maniobra, los consejeros electorales están obligados a la austeridad.
Luego de la titánica tarea de organizar los comicios del 2018 —que además de renovar la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, significaron el cambio de poderes en nueve entidades federativas—, el INE vive bajo el asedio de la Cuarta Transformación. En la definición presupuestal del año pasado, ese organismo autónomo sufrió un recorte de 950 millones de pesos, propuesto por el Ejecutivo federal entrante a la Cámara de Diputados.
Lorenzo Córdova, presidente consejero, trabajó horas extras con su homólogo, Benito Nacif, y con el director de Administración del instituto, Bogart Montielen la preparación de un plan de ajuste. Entre reducciones al gasto corriente y la cancelación de programas no prioritarios lograron absorber una tercera parte (336 millones), lo que reducía a 620 millones el déficit operativo para este año.
Las ministraciones que entregaría la Federación, de acuerdo con sus cálculos, alcanzarían para cubrir seis meses. Para el resto del año, si la Secretaría de Hacienda no autorizaba a una ampliación presupuestal, no podrían mantener la operación cotidiana, que incluye la expedición de la credencial para votar con fotografía y la depuración permanente de la lista de electores.
El primer trimestre del 2019, con la obligación de organizar las elecciones extraordinarias en Puebla, el INE tuvo un severo problema de caja. Las ministraciones de la Tesorería de la Federación, para el segundo semestre, fueron canalizadas a los procesos electorales en marcha y al pago de la nómina.
La austeridad republicana fue inevitable, para el INE: vino la suspensión temporal de contrataciones de más de 600 plazas vacantes por el programa de retiro voluntario —incluidas posiciones asignadas por concurso de oposición, a través del Servicio Profesional Electoral— y la rotación natural de personal, que economizaron otros 170 millones de pesos de ahorros pero una sobrecarga laboral que en el mediano plazo sería insostenible.
Otros 90 millones de pesos fueron ahorrados, con la cancelación del contrato de arrendamiento de vehículos. Y otros 76 millones, con la enajenación de activos no utilizados y el cobro de seguros e intereses.
Al arranque del segundo semestre del 2019, el INE aún arrastra un déficit de 282.4 millones de pesos, por lo que el instituto se verá obligado a realizar recortes adicionales durante dicho periodo.
Entre los programas que se verían afectados están el voto de los mexicanos en el extranjero, el funcionamiento de los órganos de vigilancia del Padrón Electoral, la actualización del Padrón Electoral y la credencialización, la implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, la implementación del sistema de gestión documental institucional, y el modelo de riesgos de la Unidad Técnica de Fiscalización.
El INE solicitará a la Cámara de Diputados para el 2020 el presupuesto que requiere para cumplir con sus obligaciones establecidas en la Constitución y la ley. Dichos recursos deberán ser suficientes para garantizar la certeza no sólo de los comicios locales de los estados de Coahuila e Hidalgo, a celebrarse en el 2020, sino también para financiar las actividades relacionadas con el inicio del proceso electoral 2020-2021.
Las elecciones federales del 2021, en las que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, coincidirán con comicios locales en los 32 estados de República.
Durante el resto del ejercicio 2019 y en la elaboración del proyecto de presupuesto 2020, el INE mantendrá su compromiso con los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, economía y honestidad que rigen su actuación en el manejo de recursos públicos.
Entre los ahorros y los recortes, los consejeros electorales no contemplan la reducción de sus emolumentos, como mandata la nueva ley, y esperarán la resolución de los amparos tramitados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las prerrogativas para los partidos políticos tampoco están contempladas… por ahora.
EFECTOS SECUNDARIOS
CRIMINALIZACIONES. Los legisladores panistas de Nuevo León, locales y federales, pretenden castigar con penas de prisión hasta por nueve años, a quien cometa un “delito medioambiental”.
Las iniciativas blanquiazules —impulsadas por Alfonso Robledo e Ivonne Bustos— han sido criticadas por sus errores sintácticos y sus deficiencias técnicas. Y es que no establecen un parámetro técnico ni base científica para determinar qué, cuánto, cuándo y dónde, una industria o un particular , pueden incurrir en el delito de “contaminar”. Bajo este rasero, toda la industria de Monterrey, es decir, la más relevante del país, debería conseguirle un buen abogado a sus dueños y accionistas, ya que la iniciativa incluye la puntada de proponer prisión a los “propietarios de industrias, comercios o establecimientos de servicios”.
SIMULACROS. Esta tarde, en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del PRI y ante un selecto grupo de invitados especiales, debatirán los tres candidatos a la presidencia nacional del tricolor: Alejandro Moreno, Lorena Piñón e Ivonne Ortega, quienes suspendieron sus apariciones públicas para ensayar, con sus respectivos war rooms.
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