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¿Cómo acabar con la corrupción? No lo sé, pero sé que es el escándalo moral mayor de México y que eso, si continúa firme en la opinión pública, conducirá a decisiones institucionales que limitarán su presencia, como el escándalo moral por el fraude electoral en los años 80 del siglo pasado terminó con las elecciones controladas por el gobierno.

Veo tres caminos institucionales para contener la corrupción.

El primero es la transparencia del gasto público. Todas las dependencias del Estado, de todos los niveles, deberían subir a sus portales de internet sus pagos de cada día: cheque por cheque y factura por factura. El mismo registro público debería quedar de todas las licencias, permisos o licitaciones que impliquen beneficios económicos.

Un segundo camino es fiscalizar federalmente el dinero del presupuesto federal que se ejerce en los estados y los municipios. Creo que una de las fuentes de la corrupción mexicana en los tiempos de la democracia es el mucho dinero público que va a los estados sin fiscalización debida de su ejercicio.

La fiscalización federal del dinero que viene de la Federación, ejercida hoy por los congresos estatales y los cabildos municipales, pondría un freno al abuso de recursos públicos frecuente, si no endémica, en la política local.

El tercer camino es obligar a todo el que ocupe o pretenda ocupar un cargo en el Estado a que transparente su riqueza haciendo pública cada año su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su declaración de conflictos de interés.

Creo que el cruce de estas tres transparencias: la del gasto público diario, la del gasto del dinero federal por los estados y municipios y la riqueza personal de todos los funcionarios del Estado serían diques importantes al desbordado río de la corrupción mexicana.

Ninguna transparencia, desde luego, será efectiva sin castigos. El miedo a la sanción y la sanción efectiva son la fórmula final de la argamasa del edificio, lo único que puede hacerla cuajar.

Los juicios y las penas por fraudes, robos, desvíos, dispendios y otras irregularidades del manejo público corrupto deben ser parte del proceso regular de la justicia penal, no de ese opaco tribunal de fueros especiales que es la Secretaría de la Función Pública.

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