Y es que los orquestadores del timo exhibieron permisos apócrifos supuestamente expedidos por el área de Juegos y Sorteos y por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo
Hace dos meses, la secretaria Olga Sánchez Cordero recurrió a sus redes sociales para deslindarse de dos burdos intentos de fraude. Uno, supuestamente autorizado por la Dirección de Juegos y Sorteos, trataba de enganchar a suscriptores de servicios de telefonía celular, mismos que accederían a un “bono en efectivo” —50,000 pesos—, si adquirían un paquete ilimitado.
“Se detectaron eventos falsos que pretenden engañar y defraudar a la población”, advirtió entonces la jefa del gabinete de la cuarta transformación, “(por lo que) se suplica a tener cuidado, sobre todo cuando se pidan depósitos a nombre de Segob”.
Y es que los orquestadores del timo exhibieron permisos apócrifos supuestamente expedidos por el área de Juegos y Sorteos y por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.
La recurrencia de esas prácticas, pero sobre todo, la cantidad de personas que caen en esos garlitos hicieron que Sánchez Cordero decidiera intervenir directamente en este caso. Entonces, la titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos, Alma Itzel De Lira Castillo, y el coordinador de actividades vulnerables de la UIF, Marco Chávez, trabajaban conjuntamente en la consulta pública sobre el nuevo marco normativo para ese sector.
El lunes, la secretaria Sánchez Cordero y el titular de la UIF suscribieron un convenio de colaboración para combatir prácticas fraudulentas y lavado de dinero. La UIF compartirá información de inteligencia financiera de todos los rubros que estén vinculados con la labor de la Secretaría de Gobernación. En particular, de los grupos delictivos que tengan que ver con trata de personas, tráfico de migrantes, uso indebido de Cédulas de Identidad…
El intercambio de información entre ambas dependencias también permitirá prevenir y combatir actos de corrupción vinculados con el control, verificación y revisión migratoria. Y adicionalmente, podrán revisar los registros constitutivos de asociaciones religiosas y agrupaciones de culto público. En el caso de los casinos, el convenio favorecerá al ejercicio y desarrollo de las atribuciones de la dirección general de Juegos y Sorteos, específicamente las asociadas en materia de prevención y combate al juego ilegal que pudieran vulnerar lo dispuesto en la Ley Federal y su reglamento o —en su defecto— resultar sensibles para el desarrollo de las actividades en un marco de sana competencia y piso parejo para todos los participantes.
Efectos secundarios
FESTIVOS. Después de recibir su constancia como ganadora de la gubernatura de Tlaxcala, Lorena Cuéllar fue agasajada con una comida a la que acudieron los morenistas ganadores de las alcaldías y diputaciones que se definieron en aquella entidad, el 6 de junio. Una celebración que fue extensiva para otros personajes que contribuyeron al triunfo de la cuarta transformación en aquella entidad, que ya ha sido gobernada por el PRI, el PRD y el PAN. Entre los invitados especiales estuvieron el exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo; el oficial mayor de la SEP, Óscar Flores Jiménez, y la directora de Atención Ciudadana de la Presidencia, Leticia Ramírez Amaya.
SALDOS. Malas noticias en materia de combate a la corrupción. Este mediodía se presenta oficialmente la tercera edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, que rankea a 15 países latinoamericanos a partir de su desempeño para detectar, sancionar y prevenir la corrupción. La región que más preocupa en el hemisferio es Centroamérica, en un momento en que los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios que nunca, pero México tampoco sale bien librado: cayó tres lugares, a la posición 11.
FRENTES. Entre los pendientes que la Secretaría de la Función Pública deberá solventar en breve están los cuestionamientos al desempeño de los Órganos Internos de Control y las sospechas de influyentismo. Es el caso del contrato por más de 34 millones de pesos que Decoaro y Supervisión se quedó en el SAT, de Raquel Buenrostro. Sobre el tema se comenta que la “victoria” de la firma relacionada con Enrique Gómez Mandujano, tuvo que ver con la cercanía que supuestamente existe con el jefe de Departamento de Control de Unidades de Gestión de Servicios, Manuel Fernando Calderón Herrera, quien por cierto, también gestionaría sus facturas a extraordinarias velocidades.
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