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Las declaraciones del presidente de la República, de finales de febrero pasado, en una conferencia matutina, respecto a elevar a nivel de derecho humano a la energía eléctrica como sucede con el agua. De tal manera que, ante esta aseveración del jefe del ejecutivo y tomando en cuenta que la violación a los derechos humanos es un delito, ya no debe haber hechos tan lamentables como sucedían en el pasado, que cuando una persona no podía pagar su consumo le cortaban la energía, pero no sucede así.

Es decir, si se trata de un derecho humano debe haber consideración para que el derecho siga vigente y sean todos los mexicanos, sin distinción, quienes mantengan el uso de la energía de igual manera.

Sin embargo, el uso de un derecho humano con fines electorales es un doble delito, ya sea por comisión u omisión, y López Obrador ordenó la reducción de las tarifas eléctricas en Tabasco por el simple hecho de que eran sus paisanos, y como signo de agradecimiento por favorecerlo con el voto mayoritario redujo las tarifas eléctricas de las familias.

En este mismo panorama debió existir un acto similar en Veracruz, que es el estado que nutre a más del 60 por ciento de energía al país, pero en ningún momento planteó Rocío Nahle cuando era secretaria de Energía, reducir las tarifas eléctricas a Veracruz que es el estado que intentaba gobernar desde entonces. Nunca le importó el estado, al parecer su corazón está donde se encuentra su cordón umbilical, es decir, en Zacatecas.

Ni siquiera por el interés de ganar votos de los veracruzanos pudo llegar a un acuerdo con la CFE para reducir el monto de las tarifas de las familias, no se le ocurrió. Esto quiere decir que todavía hace falta que se eleve el derecho a la energía eléctrica oficialmente como derecho humano y se legisle al respecto, porque de otra manera su uso se convertirá en un instrumento electorero en lugar de ser un derecho de los mexicanos.

La oposición se niega a tocar los artículos 27 y 28 constitucionales que tendrían que ver con la elevación del uso de la energía eléctrica a nivel de derecho humano; incluso se detuvo la intención de congelar las tarifas por el simple hecho de que la reforma eléctrica de López Obrador no se concretó.

Aquí será necesaria una discusión profunda, foros abiertos para que en realidad se concrete el derecho a la energía como un derecho humano. Esto no quiere decir que no se pague por su uso, pero tampoco que se niegue su uso por falta de dinero. Todo un proceso que debe analizarse y que estuvo a punto de ser mercantilizado en gobiernos anteriores.

Sin embargo, ahora se corre el riesgo de percibirlo como un uso faccioso de un derecho que tiene sus propias tarifas, y su producción representa un alto grado de contaminación para poblaciones donde hay termoeléctricas y todo tipo de plantas que las producen, como sucede precisamente en Veracruz, donde los habitantes deberían pagar menos y no por cuestiones de votos, sino porque ya pagan su cuota de consumo con las enfermedades que la contaminación de CFE le produce a niños, mujeres, ancianos y población en general.

PEGA Y CORRE: El candidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, afirma que construirá el Metro hasta Xochimilco, lo cual hace evidente su desconocimiento del subsuelo de la ciudad que pretende gobernar, porque se trata de terrenos que antes eran chinampas, con zonas pantanosas, de tal suerte que no se trata de improvisar, sino conocer el terreno que se quiere administrar y Taboada parecería querer hacer un metro en medio de un pantano…

Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.