Amparos para la alta burocracia

Somos fifí, presumen los abogados del despacho Trusan & Roma, de la Ciudad de México. Esta firma conjuga a un exitoso bufete jurídico con exfuncionarios públicos que —según sus dichos— habrían trabajado en las áreas de asuntos legales de la PGR, Función Pública, la consejería de Los Pinos y el SAT.

Especializados en “temas constitucionales, amparo y derecho administrativo” y con una reciente e intensa actividad en redes sociales, los litigantes han citado a “una reunión informativa” para mañana al mediodía en sus oficinas —en la colonia Del Valle Sur— a todos los mandos medios y superiores de la Administración Pública Federal inconformes con la austeridad republicana proclamada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

¿Y el conflicto de intereses? Motivados por el lenguaje vejatorio de la Cuarta Transformación, los abogados de Trusan & Rocha han invitado a los altos mandos de la administración peñista a defender “la dignidad de tu empleo, de tus remuneraciones” y combatir los cambios legales que disminuirían su salario, además de que cancelarían los seguros de vida, de separación individualizada y de gastos médicos mayores.

“Sabemos que cuentas con créditos hipotecarios, automotrices, de nómina. Pero lo más importante es la tranquilidad de tu familia y seres amados, por lo que es vital mantener tus remuneraciones íntegras”, explica el mensaje de correo electrónico que circula profusamente entre directores y subdirectores de área de las dependencias federales, “el servicio público no está integrado por personas corruptas que adolezcan de todos los adjetivos negativos (sic) con los que se les ha tratado recientemente”.

Apenas si habían pasado 48 horas de la promulgación de la Ley Federal de Remuneraciones. “No te dejes sorprender”, alertaban los abogados a sus posibles clientes. A su juicio, dicha normativa —que generó críticas a la mayoría morenista, por su desaseo legislativo— pronto será derogada por la Ley de Austeridad Republicana.

¿Publicidad engañosa?. “Trusan & Roma te ofrece promover para ti un amparo indirecto contra leyes, específicamente contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así como contra la Ley de Austeridad Republicana que en estos momentos está en dictaminación en el Congreso de la Unión, las cuales expresamente disminuirán tu salario y cancelarán tus seguros”, advierten.

El punto de quiebre —de acuerdo con esta interpretación— ocurriría durante la primera quincena del año próximo, cuando quedarían cancelados los seguros y aplicaría el nuevo tope salarial.  Antes, Trusan & Roma habrá tramitado, a más tardar, dentro de un mes, según sus estimaciones.

“¿Para qué ampararse? Para mantener el monto íntegro de tu salario y mantener la protección que te brindan los seguros con los que cuentas y que forman parte de tus remuneraciones conforme a la Ley, para lo que se solicitará a la justicia federal la suspensión de las medidas que te reducirían tu salario y cancelarán tus seguros”, ofrecen.

Un clima de incertidumbre y preocupación al interior de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, así como en el Poder Judicial y en órganos autónomos, se ha extendido a partir de la confirmación de la política de austeridad republicana.

Allí está, por ejemplo, el “documento de análisis” —elaborado por funcionarios en activo, a finales de agosto pasado— tendiente a “salvaguardar el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas y los derechos de los servidores públicos” y advertir sobre las implicaciones que tendría prescindir de 70% del personal de confianza en las instituciones gubernamentales.

El amparo colectivo sería la opción más viable. En el Inegi —confirmaban a mediados de la semana que termina— ya se recopilan firmas y documentos, particularmente para tratar de preservar el paquete de prestaciones. En el INAI y en el INEEE, por el contrario, no se resignan a la extinción.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿REDENCIÓN? Los promotores del regreso del exasambleísta Xiuh Guillermo Tenorio Artigas sostienen que el politólogo itamita y exfuncionario de Segob es uno de los servidores públicos más familiarizados con el debate sobre la despenalización del consumo de mariguana. Su mención como probable sustituto de Julio Sánchez y Tépoz como titular de la Cofepris generó una furibunda reacción entre representantes de empresas tabacaleras y refresqueras, lo que pareció disminuir sus aspiraciones. Pero ahora que se perfila la creación del nuevo Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis —según la propuesta de la senadora Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal—, reviven sus posibilidades.

DESEQUILIBRIOS. El abasto de gas natural en México representa uno de los principales asuntos a resolver para la administración entrante. En el 2017, la producción nacional fue de 4,240 millones de pies cúbicos, mientras que la importación fue de 4,923 millones. El gas natural es el principal insumo para generar energía eléctrica, pero, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la CFE gastó 6,900 millones de pesos por gasoductos que no utiliza. Una cifra escandalosa que explica en parte por qué la empresa reporta pérdidas por más de 37,000 millones de pesos en lo que va del año. Las importaciones de gas natural están entre 60% y 70% del consumo nacional y la producción ha venido declinando en los últimos años, no obstante que México tiene los recursos para ser autosuficiente.