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LIC. RODARIO PIEDRA IBARRA,
PRESIDENTA,
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS:

“En las primeras semanas de su mandato, respondiendo a una noticia que calificó de falsa, AMLO dijo que su gobierno no censuraría a nadie (‘no hay censura, cero censura, libertad absoluta’), invocando la máxima atribuida al presidente Sebastián Lerdo de Tejada de que ‘la prensa se regula con la prensa’, y agregó que habría críticas pero que el gobierno no promovería ataques contra los medios de comunicación”, nos recuerda el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad de Berkeley, en su estudio Bajo ataque: ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Qué lejos quedó esta promesa de la realidad.

El estudio demuestra con números y datos duros el hostigamiento y espionaje que sufrieron los medios de comunicación a lo largo de seis años. No es que no lo supiéramos, lo relevante es que el estudio hace patente que el ataque fue sistemático a lo largo del sexenio. Lo que sí es nuevo es que el CDH plantea que tal comportamiento puede ser objeto del análisis de la Corte Penal Internacional por violación al artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma.

Nada más para que quede clara la solidez del estudio, el CDH se dio a la tarea de revisar mil 437 mañaneras y los documentos revelados por Guacamaya Leaks, así como los informes de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos conocidos por denunciar la delincuencia, la corrupción y los abusos de las autoridades.

Desde el punto de vista del CDH, durante el primer piso de la 4T hubo una estigmatización desde el poder, a partir del momento en que en las mañaneras se desacreditó la labor informativa de los medios, utilizando descalificaciones. Veamos qué palabras y cuántas veces se utilizaron para este propósito: Conservadores, mil 512 veces; manipular, 834; calumniador, 383; intelectuales orgánicos, 241; fifí, 185 veces. Pero la descalificación y el hostigamiento no ocurrió solo en las mañaneras.

El CDH documenta el comportamiento hostil de redes de bots vinculadas al Estado, incluyendo una operada por la entonces agencia estatal de noticias Notimex. Desde los bots se daba rienda suelta a un acoso orquestado combinando amenazas de muerte, abuso sexual y la publicación de información privada o doxing.

Como parte de este comportamiento hostil, el Centro detectó una gran cantidad de funcionarios gubernamentales que presentaron oleadas de denuncias penales y demandas civiles infundadas, solo para agotar financieramente a los críticos.

“Lo que hemos documentado es una campaña sostenida para castigar a los vigilantes cívicos por sus reportajes y su labor de defensa,” afirma Lindsay Freeman, directora de Responsabilidad Internacional del CDH. “Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”.

Otro de los argumentos para responsabilizar a la administración de AMLO se basa en la identificación del uso de programas de espionaje avanzado para investigar a periodistas y defensores. La SEDENA habría utilizado Pegassus, Geomatrix y Cellebrite UFED para tal propósito, actividad que salió a la luz a partir de los datos de Guacamaya Leaks. Y pruebas sobran, pues cada vigilancia dejó huellas digitales.

Al Centro de Derechos Humanos le parece gravísimo que en esos seis años hayan sido asesinado 78 periodistas y 269 defensores, doña Rosario. El reporte no acusa a López Obrador ni a su gobierno de haber jalado el gatillo, pero sí de crear el ambiente propicio para los homicidios. Y desde el juicio de Nuremberg para acá, eso implica una responsabilidad, con el agravante que el 93% de los homicidios nunca fueron aclarados.

Así pues, concluye que se trató de “una ausencia de consecuencias tan sistemática que funcionaba como un mensaje: atacar a la prensa no tenía ningún coste. Una impunidad de tal magnitud es un claro indicio de que México no está dispuesto o no es capaz de investigar y enjuiciar los delitos contra este grupo específico de civiles”.

Originalmente, la investigación del CDH se concibió como un documento a presentar en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Lamentablemente, las sanciones impuestas por Donald Trump a dicho órgano hicieron imposible continuar por la vía legal. No obstante, hace patente que la persecución de la que fueron objeto los medios, los periodistas y los defensores de derechos humanos, es contraria al Derecho Internacional.

En síntesis, tipifica lo ocurrido en México con tres características. Primero, la persecución es un crimen que provocó un daño acumulativo. Segundo, estuvo orientada a un grupo específico, pues las víctimas no fueron escogidas al azar. Y tercero, provocó actos conexos como los arriba descritos.

Expuesta la forma en que los periodistas fueron espiados, estigmatizados, acosados y, en algunos casos, asesinados, dígame qué va a hacer la CNDH al respecto. Supongo que nada, como siempre.

+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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