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En la mira, Yasmín Esquivel Mossa quiso enfrentar las acusaciones sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura desde su investidura, como lo harían sus pares. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —según la liturgia imperante en el poder Judicial— nunca litigan en los medios, menos en las redes.

Han pasado 60 días de las revelaciones sobre la tesis plagiada. El saldo es conocido: la ministra Norma Piña ocupó la silla que dejó Arturo Saldívar Lelo de Larrea y la nueva correlación de fuerzas apenas se materializa, con un profundo cambio administrativo en la Corte.

Esquivel Mossa retomó su trabajo. Apenas ayer, su ponencia postuló un proyecto de sentencia a favor de la validez del artículo 63, fracción XI, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la CDMX, que prevé como medida de protección, ordenar a personas agresoras, entregar el pasaporte de sus hijas e hijos menores de 18 años, para su resguardo. Obtuvo seis votos, de 11 posibles.

Los bloques en el pleno no son inamovibles. La lucha contra el “cartel de la calumnia” —del que ampliamente se quejan dentro de la Cuarta Transformación— implica tareas arduas que la demostración fehaciente de que la ministra efectivamente es la autora del trabajo por el que también Edgar Ulises obtuvo su título universitario.

A través de un representante legalmente acreditado, Esquivel Mossa ya entregó las pruebas de descargo, al Comité de Ética de la UNAM, confirmó ayer el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue. Los ataques políticos y el daño moral padecidos, empero, tomarán más tiempo.

Convocado por el rector, el comité ha emplazado a las partes involucradas en este caso de “apropiación indebida del trabajo de tesis”, pero solo podrá emitir un dictamen ético y académico. ¿Y las exigencias para que le sea retirado su título? El senador Germán Martínez Cázares invocó a la legislación universitaria y el ejercicio pleno de las “capacidades jurídicas” del rector, para una intervención enérgica en este vergonzoso caso.

El artículo 97 del Estatuto General de la UNAM vigente al momento de la titulación señalaba textualmente: “Los alumnos serán responsables particularmente del cumplimiento de las obligaciones que señalan los reglamentos de la UNAM…”. “El alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en las pruebas de aprovechamiento, será suspendido hasta por un año, sin perjuicio de la nulidad del examen sustentado”.

Las pruebas de aprovechamiento dentro del curso de una materia, son los exámenes extraordinarios o extraordinarios; no es el caso de un examen profesional. En el mismo sentido, el Reglamento General de Exámenes obligatorio para los alumnos en esa época, estipula en su artículo 8 que la revisión de las pruebas será dentro de los 60 días siguientes a que se den a conocer las calificaciones, que en este caso, sería la calificación aprobatoria del examen profesional de Yasmín Esquivel.

Y en última instancia, queda el estatus de Yasmín Esquivel como integrante de la comunidad UNAM: exalumna, por lo que no puede aplicarse la legislación universitaria que está dirigida a alumnos, académicos y empleados de la universidad, pues ella actualmente no entra en ninguna de esas categorías, tal como lo aceptó hace unas semanas el abogado general de la Universidad.

Efectos secundarios
ACIAGOS. Asolados por una reconstrucción más encausada y las afectaciones económicas por el problema entre los cooperativistas de la Cruz Azul, los habitantes de Tula, Hidalgo, también deben lidiar con la incompetencia de los funcionarios de la administración municipal, encabezada por el perredista Manuel Hernández Badillo. Y es que 66% de los 48.3 millones recibidos por la tesorería local para reparación de los daños ocasionados por el desbordamiento del río, hace dos años, fueron destinados a tareas de fumigación jardinería… lo que habría dejado menos de 10 millones de pesos para la reapertura de los locales comerciales en la cabecera municipal.

REBELIÓN. A nivel nacional, las empresas pagan 2% de impuestos sobre su nómina a los gobiernos estatales. Pero en Baja California, desde que Morena llegó a la gubernatura —en el 2019— se cobra una sobretasa, de 1.2% en el bienio de Jaime Bonilla, al que se añade otro 1.25% exigido por la administración que encabeza Marina del Pilar. Agobiadas con el incremento al salario mínimo y el nuevo plazo obligatorio de vacaciones, más de 200 maquiladoras de la zona fronteriza habrían acudido ante el Poder Judicial, para solicitar una suspensión de esa medida fiscal, vigente desde hace dos meses.