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Apremiados por la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, los gobernadores del Altiplano —todos morenistas— han innovado en los mecanismos institucionales para reducir la incidencia delictiva.

Esta mesa interinstitucional para la construcción de la paz involucra a los integrantes de los gabinetes de seguridad del Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Los mandatarios de esas entidades aceptaron colaborar en el esfuerzo por frenar los delitos de alto impacto, ya sean los asaltos a las unidades que circulan por el Arco Norte, el robo de hidrocarburo, la tala clandestina y —sobre todo— la migración y la trata de personas.

Delitos alto impacto y de escala transnacional. A contracorriente de los esfuerzos trazados a lo largo de un cuarto de siglo, este mecanismo de coordinación puso a los gobernadores en segundo plano.

El centralismo versus el federalismo. En el capítulo previo de esta larga historia está la instauración y el funcionamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores, sobre cuyos orígenes y motivaciones recientemente escribió uno de sus fundadores, el exgobernador perredista Alfonso Sánchez Anaya.

Tlaxcala, un mejor lugar para vivir es un libro escrito por el periodista Francisco de la Sota a partir de las memorias de Sánchez Anaya sobre su sexenio. El quinto y último capítulo de esa obra contiene algunos apuntes sobre aquella lucha por el federalismo hacendario. Y es que a diferencia de la primera camada de gobernadores panistas —surgida en el salinismo—, los mandatarios de izquierda tuvieron que lidiar con Vicente Fox como presidente y reclamar un reparto equitativo de los excedentes petroleros.

En 1999, Sánchez Anaya asumió la gubernatura de Tlaxcala. Para entonces, Rosario Robles, Ricardo Monreal y Leonel Cota fungían como mandatarios estatales y a ese bloque se sumarían Antonio Echevarría, Lázaro Cárdenas Batel y Andrés Manuel López Obrador.

Sánchez Anaya llegó a la gubernatura después de ser titular del Coplade y las secretarías de Desarrollo Económico y Finanzas en el gabinete estatal. Hubo otros mandatario de esa camada —Antonio Echevarría Domínguez, en Nayarit y más adelante, Carlos Lozano de la Torre, en Aguascalientes— con recorridos similares. Fiel a su estilo, Sánchez Anaya hace en su libro una descripción sucinta de la idea originaria y reconoce la aportación que Rodolfo González Valderrama, quien era representante del gobierno de Zacatecas en la Ciudad de México, hizo en la configuración de ese primer agrupamiento de mandatarios.

González Valderrama y Alfonso Brito trabajaron en el primer esbozo de la Anago. Posteriormente, Mónica Fernández Balboa —ahora senadora de la República por Tabasco— y Antonio Avilés, de Baja California, junto con sus colegas representantes estatales, contribuyeron a la gestación de la Conago. Incluso antes hubo otros mecanismos que debatieron sobre uno de los grandes pendientes de la transición: revisar el pacto fiscal y sentar las bases de un nuevo federalismo. En la Secretaría de Hacienda —para entonces ya totalmente colonizada por economistas formados en el ITAM— había sido descartado el modelo federalista que alguna vez impulsó David Ibarra Muñoz.

El surgimiento de la Conago, el fortalecimiento de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales y el perfilamiento de lo que ahora se conoce como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal antecedieron a lo que fue la Convención Nacional Hacendaria del 2004, justo el último año de Sánchez Anaya al frente del gobierno de Tlaxcala.