Donde hubo mayor asistencia a las urnas, empero, fue entre los empadronados que actualmente cumplen con prisión preventiva: 95% de los inscritos a la prueba piloto aplicada en cinco centros penitenciarios federales, uno por cada circunscripción del país
El súper domingo electoral dejó un paquete de sorpresas sobre el comportamiento de los votantes y la participación ciudadana que en ciertas regiones rurales e inéditos espacios urbanos registró niveles atípicos, el pasado 6 de junio.
La violencia política contra los candidatos y una presunta injerencia del crimen organizado son explicaciones aparentemente contradictorias en los primeros análisis sobre esos picos de votos, que dejaron al abstencionismo en niveles inferiores a 30% en puntos muy focalizados de la República Mexicana.
El promedio nacional fue de 52.6% de participación ciudadana. Donde hubo mayor asistencia a las urnas, empero, fue entre los empadronados que actualmente cumplen con prisión preventiva: 95% de los inscritos a la prueba piloto aplicada en cinco centros penitenciarios federales, uno por cada circunscripción del país.
Hubo urnas en cárceles de Sonora, Michoacán, Guanajuato, Chiapas y Morelos, donde votaron internas del único centro federal femenil del país. Tras del cómputo en las cinco circunscripciones, los resultados oficiales: 898 votos válidos.
La lista nominal de personas en prisión preventiva se construyó a partir de una base de datos proporcionada al INE por la autoridad penitenciaria, con 2,699 internos en prisión preventiva —460 mujeres y 2,239 hombres— en los cinco centros de reclusión seleccionados; entre ellos cinco mexico-americanos y 17 hablantes de lengua indígena.
Todos recibieron una invitación para inscribirse a este inédito ejercicio. El único requisito era que anteriormente hubieran tramitado su credencial para votar. Al final 949 voluntarios (148 mujeres, 801 hombres); apenas 34% del universo probable de votantes.
Entre el 17 y el 19 de mayo ocurrió la votación en las cárceles. No hubo observadores electorales, por razones de seguridad, a pesar de la solicitud expresa formulada por Documenta, una ONG promotora de la justicia social. Tales tareas fueron cumplidas por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿Los resultados? Morena recibió 39% de esos votos, por 30% para el PRI; 30% para el PAN y 10% para Movimiento Ciudadano.
La intención de las autoridades es que la población con prisión preventiva internada en cárceles federales —90,000 personal actualmente— puedan participar en las elecciones federales del 2024. Ese modelo tendría que contemplar necesariamente una fórmula para que los candidatos y los partidos puedan hacer campaña en esas instalaciones.
Efectos secundarios
TEXTUAL. Aquellos que señalen que la gente votó empujada por el crimen organizado, le falta al respeto a Sinaloa, sentenció el gobernador electo de aquella entidad del noroeste, Rubén Rocha Moya, quien ganó al priista Mario Zamora por 25% de diferencia.
AJUSTADOS. El caso contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca develó una trama financiera que involucra a personajes del primer círculo del gobernador de Tamaulipas, pero también a personalidades políticas y empresariales. Entre ellas destaca, Leticia Rodríguez Villareal, quien formaría parte de una red de prestanombres en la que también figuraría su esposo, Bernardo Pasquel, quien para mayor abundamiento ha sido señalado como el autor intelectual del espionaje a Pío Lorenzo López Obrador que derivó en los videos que mostraban al hermano del presidente recibir recursos del exdirector de Protección Civil, David León, supuestamente empleados en el financiamiento de campañas electorales. Hace unas semanas se supo una investigación por lavado de dinero a contra Pasquel iniciada por autoridades estadounidenses, lo que activó las alertas del gobierno mexicano, particularmente del SAT y la UIF.
INTERESADOS. Mientras avanza la consulta sobre el procedimiento que los ministros de la Suprema Corte de Justicia aplicarán para resolver sobre la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, senadores del llamado “bloque de contención” presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del Artículo Décimo Tercero Transitorio del Decreto por el que se emitieron las leyes reglamentarias y reformas a normas secundarias que materializan la reciente reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Entre los firmantes del recurso están los legisladores Nancy de la Sierra y Germán Martínez Cásarez, quienes militan en la cuarta transformación.
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