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De fea manera, con más pena que mérito, llega a su fin la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión. Dentro de dos semanas arranca el último trienio del sexenio lopezobradorista y el rezago en el parlamento es extenso, tanto en reformas constitucionales como en adecuaciones al marco legal vigente que se quedaron a medias.

El trámite del paquete económico 2022 ocupará la atención y los esfuerzos de los nuevos huéspedes del Palacio Legislativo en San Lázaro, quienes además tendrán que apurar trabajos para desahogar las tres iniciativas que anunció el Ejecutivo federal: para integrar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, para consolidar la red eléctrica nacional y para renovar “a fondo” a las instituciones electorales.

Para la Secretaría de Hacienda, el trabajo en comisiones sobre el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos no debe obstaculizar la aprobación de las reformas necesarias para traspasar la competencia fiscal y aduanera del SAT a la nueva Agencia Nacional creada por decreto presidencial, hace dos meses.

El Ejecutivo dispuso… pero la mayoría morenista no ha remitido las iniciativas para armonizar el marco legal que sustenta a la nueva ANAM y que involucra a las leyes del Servicio de Administración Tributaria y Federal de Derechos, así como los reglamentos interiores de la SHCP y del SAT; las Reglas Generales de Comercio Exterior y el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.

En materia presupuestal, AMLO mantendrá las prioridades que marcó hace tres años a los legisladores de la Cuarta Transformación que pronto terminarán su periodo: los recursos para los adultos mayores, las personas con discapacidad y los jóvenes becarios.

El presupuesto fluirá, sin obstáculos, porque ya nadie huesea a diputados ni a senadores. Los gobernadores de Morena tienen línea directa con Palacio Nacional y los mandatarios de la oposición tendrán que procesar sus peticiones a través de la Secretaría de Gobernación. ¿Y los súperdelegados? Pendientes de los servidores de la Nación, de que bajen los recursos y nadie quede excluido de los padrones de beneficiarios. Y menos, en vísperas de la consulta popular y la revocación de mandato.

La coordinación entre Bucareli y los líderes morenistas en el Congreso fue inexistente en esta Legislatura. Los diputados federales de la Cuarta Transformación desde el principio se quejaron de los súperdelegados y decidieron ignorar el llamado superior al orden para incurrir en el sectarismo, la politiquería.

Efectos secundarios
ERRÁTICOS. Con la mira puesta en el 2024, Ricardo Anaya rechazó la idea de ser diputado plurinominal. Jamás, uno del montón. Y como no había condiciones para ser el coordinador de la bancada blanquiazul, apostó por su gira nacional para posicionarse como una opción en la próxima elección presidencial. Sin fuero, quedó demasiado expuesto, y ahora autoexiliado mantendrá su crítica a la Cuarta Transformación, al que tal vez no podrá hacer el exsecretario de Economía de la administración peñista, Ildefonso Guajardo, quien esta semana acudirá a San Lázaro para acreditarse como diputado federal… si la FGR no decide otra cosa.

INEVITABLE. Después de tres meses, hubo tregua en el Tribunal Electoral. La mayoría de magistrados está satisfecha con el relevo de José Luis Vargas Valdez de la presidencia de la Sala Superior. ¿Victoria pírrica? “Una cosa es que veten y otra, que te boten”, refiere un experto electoral cercano al grupo dominante. “Incluso en el peor escenario ahora es posible pactar una salida decorosa”. El peor escenario se materializará en tres semanas, cuando el Ejecutivo federal envíe a San Lázaro su iniciativa de reforma electoral que tendrá como punto nodal un nuevo diseño institucional para el cómputo y la validación de los votos que se generen en los procesos electorales y las consultas populares. Y se irán todos los consejeros y magistrados electorales, incluso los protegidos de Arturo Zaldívar…