En un entorno poco propicio, Monreal Ávila tendrá que hacer un último esfuerzo de concertación, para cumplir con la sentencia del máximo Tribunal de la Nación
Para esquivar una sanción, por desatender un mandato de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Monreal intentará otra misión imposible: cubrir dos de las tres vacantes en el Pleno del Inai antes de que concluya el último periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura federal.
El mandamiento judicial obligó al presidente de la Junta de Coordinación Política a abreviar el proceso de selección. La rispidez de las campañas presidenciales ha cerrado las vías para construir los consensos entre las fracciones parlamentarias en el Senado de la República. Monreal Ávila ni siquiera contaría con los votos de la bancada oficialista, indispensables para construir la mayoría calificada.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta admitió a 72 aspirantes: 37 para la posición que ocupó Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 35 para la vacante de Francisco Acuña Llamas. Los senadores permitieron a los candidatos que participaron en anteriores procesos (en el 2022 y el 2023) nuevamente ser elegibles, siempre y cuando manifestarán por escrito su interés en someterse nuevamente a la evaluación de las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción.
Para la vacante de Monterrey, fueron reconocidos 20 aspirantes “nuevos”, mientras que otros 14 tuvieron ese mismo tratamiento en el caso de la vacante de Acuña Llamas.
Pero las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a este proceso electivo tienen otros datos. Y es que 40% de los aspirantes admitidos por la Junta de Coordinación Política están en ambas listas. Josefina Buxadé Castelán, exintegrante del Consejo de Acceso a la Información en el municipio de Puebla, aparece tres veces; dos como aspirante “nueva” y una, con refrendo.
Agotada la etapa de las entrevistas, las críticas se han centrado en el desempeño de los secretarios técnicos de las comisiones y de la Junta de Coordinación Política, que admitieron a 25 candidatos “nuevos” en un listado y también, con “renovación” para la otra vacante.
La mayoría de los dobles listados son funcionarios del Inai, asesores parlamentarios y comisionados de los órganos garantes de distintas entidades de la República. Entre los candidatos destacan tres actuales funcionarios de la Fiscalía General de la República: Adi Loza Barrera, titular de la Unidad Especializada en Transparencia, Miguel Sebastián Casillas Ruppert, director general de Tecnologías de la Información y Sergio Rubén Ibarra Casas, asesor de la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada.
Los secretarios de Acceso a la Información y de Protección de Datos, así como los directores generales de evaluación, de protección de derechos y sanción y de enlace con los poderes legislativo y judicial —todos del Inai—también están en la lista de candidatos.
Los académicos y los representantes de la sociedad civil, minoría. La lista está saturada por integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, principalmente comisionados de los órganos garantes estatales y mandos superiores del Inai. Entre ellos, un expresidente del SNA, dos expresidentes del Instituto michoacano, la excomisionada presidenta del Instituto Duranguense y los titulares de los Institutos de Colima, Jalisco y Oaxaca.
Acreditadas como observadores, de acuerdo con las convocatorias que rigen el proceso, las ONG advirtieron sobre la inexistencia de condiciones propicias para concluir con la designación de los nuevos comisionados del INAI.
En un entorno poco propicio, Monreal Ávila tendrá que hacer un último esfuerzo de concertación, para cumplir con la sentencia del máximo Tribunal de la Nación.
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