En los primeros cuatro años del peñismo, el INAI erogó 540 millones de pesos en comunicaciones, derechos de uso de software, desarrollo de aplicaciones y consultorías TIC’s
Hace dos meses, el INAI activó su Centro de Atención Virtual, un nuevo canal de comunicación con la sociedad, que funciona con inteligencia artificial. Al paso de cuatro semanas, Reve Chat —una empresa especializada en plataforma SaaS, contratada para brindar el servicio— ofreció un primer balance de las operaciones del chatbot desde su matriz, en Singapur: hubo 4,000 sesiones únicas en los primeros 30 días, de las cuales poco más de medio millar fueron por WhatsApp; es decir, apenas 15 al día.
Pero hace dos semanas, cuando cayó la Plataforma Nacional de Transparencia, esa utilería en las páginas electrónicas de los sujetos obligados permitió canalizar las quejas de los usuarios. Los parches tecnológicos, empero, no sirven para llevar los vacíos, las deficiencias y la falta de controles para minimizar los incidentes informáticos y los hackeos de terceros, mal intencionados. Tampoco, los elevados recursos presupuestales destinados al pago de los servicios.
El INAI reclamó al gobierno federal por la suspensión indefinida de Compranet, pero aún no resuelve las intermitencias en el acceso a la PNT. De hecho, a seis años de su lanzamiento, esa plataforma tecnológica construida para atender las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos ha acumulado pifias y omisiones, mientras que el gasto del órgano garante en TIC’s se multiplicaba.
Para el desarrollo de la primera etapa de la PNT, el INAI contrató los servicios de Intellego y Dotted Cloud, no obstante que su propuesta no fue la más económica y que carecía de las suficiencias presupuestales para cubrir el monto del contrato. Para la segunda etapa erogó otros 11.5 millones de pesos, pero cambió de proveedor, a IDS Comercial. Ese año —2016—comenzó la etapa de contratos plurianuales de tercerización de servicios profesionales de informática; el primero, por 23.4 millones de pesos, con Quarksoft.
Para habilitar la PNT —determinó la ASF en el Informe de la Cuenta Pública 2017—, el INAI “no contó con estándares de desarrollo web y con una metodología de administración de proyecto autorizada y aprobada” por el consejo general.
Desde que fue concebida, la PNT tuvo una administración inadecuada. Esa deficiencia se ha prolongado en la etapa de ejecución; no obstante, en la dirección de tecnología de la información permanece el personal contratado por el entonces comisionado Óscar Guerra Ford.
En los primeros cuatro años del peñismo, el INAI erogó 540 millones de pesos en comunicaciones, derechos de uso de software, desarrollo de aplicaciones y consultorías TIC’s.
En el primer año de la Cuarta Transformación, a pesar de las políticas de austeridad republicana, el INAI siguió con inversión en esos rubros. Al Grupo de Tecnología Cibernética asignó el contrato de arrendamiento llave en mano —sin opción a compra—de los sistemas de prevención, detección contra amenazas avanzadas. Esta “seguridad perimetral” requiere de un acompañamiento técnico cuyo costo es de 31.7 millones de pesos, por dos años.
También por la vía de la tercerización, el servicio de infraestructura, desarrollo, mantenimiento y soporte a las apps del INAI. ND Negocios Digitales y el consorcio conformado por Endeavor Technologues Systems y Nordstern Techonologies obtuvieron ese contrato, por 22 millones de pesos.
Efectos secundarios
LISTA NEGRA. Al margen de las actuaciones que realice el Consejo de la Judicatura Federal, el Ejecutivo reconoció que indagan a los jueces que han admitido demandas de empresas trasnacionales contra la Cuarta Transformación. Entre ellos estarían Juan Pablo Gómez Fierro y Ramón Lozano Bernal, ambos titulares de juzgados de distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
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