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Pasadas las festividades guadalupanas, arreció el frío. Ni eso molestaba Raúl Murrieta Cumming, quien almorzaba en el espacio abierto de Artz. Sin compunciones, uno de los funcionarios más cercanos a Luis Videgaray, se dejaba ver en público y casi al mismo tiempo, Eustaquio de Nicolás regresaba a Mazatlán.

Después de 14 meses, los abogados del principal accionista de Homex lograron cambiar la medida cautelar —prisión domiciliaria— y el Juez Quinto de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Oriente le concedió libertad condicionada, tras pagar una fianza de cinco millones de pesos, mientras se dicta sentencia en el juicio emprendido en su contra por Bancomext, por la malversación de un crédito de 456 millones de pesos.

Murrieta Cummings fue secretario de finanzas en el Estado de México y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ocupó la subsecretaría de Infraestructura, entre el 2012 y 2016 cuando sigilosamente dejó la administración pública. En la SCT, el economista egresado del ITAM autorizó contratos a Expectras, empresa enfocada a “obras de gran magnitud”.

A finales del 2013, la fortuna de Tato De Nicolás dio un vuelto dramático: dos de sus amigos de juventud —el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Miranda—encabezaban el gobierno que ahora buscaba procesarlo. El SAT, entonces encabezado por Aristóteles Núñez, reclamaba al presidente de Homex cubrir adeudos fiscales, y en Estados Unidos avanzaba en su investigación sobre uno de los timos más escandalosos cometidos por una empresa mexicana en la bolsa, cuantificado en 44,000 millones de pesos.

Una década después, poco queda de ese conglomerado sinaloense. Homex llegó un acuerdo con la SEC, pero por el presunto fraude a Bancomext, Tato pasó un año en el reclusorio. Su hermano Gerardo sigue bajo investigación en Estados Unidos y actualmente se desconoce su paradero.

La ruta del desfalco que llevó declaratoria en concurso mercantil de la viviendera, en el 2014, fue retratada por Richard Marosi en LA Times. La caída de Tato merece un capítulo aparte, particularmente los pleitos generados al interior del gabinete peñista por su situación.

Después de la intervención judicial, Homex tomó una nueva ruta y desde el 2017 se dedica al desarrollo de viviendas.

No obstante, los múltiples incumplimientos de sus obligaciones han puesto nuevamente a la empresa culiacanense al borde de la quiebra. El reclamo de un exempleado —respaldado por un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje— llevó a los magistrados del Segundo Tribunal de Apelaciones en Materia Civil y Administrativa, a una revisión de sus estados financieros.

La evidencia fue irrebatible: el SAT aun exige el pago de 89.6 millones de pesos por adeudos fiscales generados entre el 2009 y 2014, más otros cinco cobros pendientes (incluido el adeudo laboral) obligan a una nueva declaración de concurso mercantil de Desarrolladora Homex, de acuerdo con la resolución del 28 de diciembre del 2023 dictada en la toca 418/2023.

La admisión de la apelación al fallo del concurso mercantil 35/2022 coincidió con la renuncia de José Alberto Baños a la dirección de Desarrolladora Homex. Esa vacante fue ocupada por una co-dirección que ahora debe cumplir con los mandamientos judiciales con unas finanzas menguantes.