Gómez Urrutia, sin límites

A la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión —la primera de la Cuarta Transformación— le quedan 10 días de intensos trabajos. El último periodo ordinario de sesiones, antes de que expire la mayoría absoluta de Morena y sus aliados, concretará las reformas dictadas desde Palacio Nacional.

Las prioridades legislativas eran muchas. A contrarreloj, los coordinadores del bloque mayoritario en ambas cámaras apuraron el paso para cumplir con una agenda extensa y evitar las herencias ominosas. La reforma al poder Judicial avanza, no obstante la polémica de los últimos días, por la ampliación del mandato para el ministro presidente de la SCJN. La regulación de la Cannabis quedará para mejores tiempos. La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República podría ser materia de un periodo extraordinario… aunque se acercan los comicios del 6 de junio.

La concreción de los capítulos pendientes de la reforma laboral no podían esperar. En parte, porque la palabra presidencial está empeñada, pero sobre todo por los plazos impuestos con la entrada en vigor del nuevo T-MEC.

Las nuevas reglas para la subcontratación de personal, por lo mismo, eran inaplazables. Si bien la propuesta original impulsada por los senadores Napoleón Gómez Urrutia y Martí Batres fue la materia prima de las discusiones, las negociaciones con el sector empresarial dieron paso a una nueva propuesta que pudo avanzar en la última milla con el aval del poderoso líder minero.

Hubo dos hechos recientes que estuvieron a punto de cambiar drásticamente esa postura. Primero, el fallo de un tribunal colegiado que obligaría al senador Gómez Urrutia y a la dirigencia del STMMSS de la República Mexicana a resarcir 55 millones de dólares del Fideicomiso extinguido hace 15 años. Y después, el aval gubernamental que habría permitido la reapertura de la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, previo levantamiento del plantón que desde hace 15 meses mantienen afiliados a esa organización gremial.

Detrás del paro en las instalaciones de Americas Gold & Silver está la disputa del contrato colectivo de trabajo, que Gómez Urrutia reclama para sus agremiados. Las negociaciones entre el líder minero y los directivos de la firma canadiense tuvieron —hace un mes— a la secretaria Olga Sánchez Cordero como testigo de calidad.

Un mes, sin noticias en Cosalá. A punto de que la reforma sobre el outsourcing sea decretada en las instancias legislativas, Gómez Urrutia ha decidido mantener el bloqueo en la mina San Rafael hasta que no sean recontratados 14 trabajadores, mismos que enfrentan causas penales por la tomar de las instalaciones.

Efectos secundarios
DEBATIENTES. Con más pena que gloria han transcurrido los primeros debates entre los candidatos a las 15 gubernaturas que están en disputa. Tlaxcala, el pasado domingo 18; Baja California, un día después, y mañana, Sinaloa. Aburrido dijo el abanderado del PES, Jorge Hank Rhon. El fantasma del gobernador Jaime Bonilla no apareció, a pesar de la polémica por su reciente asistencia al partido Dodgers-Padres y la información que circula sobre su casa en 1,145 mansiones LN, Chula Vista, con un valor estimado de 1.1 millones de dólares. En la víspera, en Sinaloa trascendieron los resultados de una encuesta que habrían financiado empresarios de la familia Coppel —primos del gobernador, Quirino Ordaz— donde la brecha entre el morenista Rubén Rocha y el aliancista Mario Zamora se mantiene en dos dígitos. No obstante su apoyo al exdirector de la Financiera Rural se mantendría inalterado, mientras que el rector de la UAS sumaría el respaldo de Chuy Vizcarra, mandamás de Sukarne.

LÍMITE. Félix Salgado Macedonio solicitó la protección de sus derechos político-electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Inconforme por la resolución INE/CG357/2021 por la que se confirmó la pérdida del derecho a ser registrado como candidato a la gubernatura de Guerrero. El expediente SUP-JDC-630/2021 quedó radicado en la ponencia del magistrado Indalfer Infante Gonzáles, quien para más señas es oriundo de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero.

QUISQUILLOSOS. Los directivos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez establecieron como requisito para contratar la proveeduría de los servicios de sanitización de las terminales 1 y 2 de la CDMX la presentación de un certificado en materia de bioseguridad. Un contrato anual por 600 millones de pesos al que solo podrían optar un puñado de firmas entre las que destacan Joad Limpieza y Servicios, Aseo Privado Institucional y Cleanium.

CORRECCIONES. A propósito de una reciente entrega de esta columna, un apunte colectivo: Fernando Belaunzarán y Martí Batres fueron representantes estudiantiles, pero no participaron en la gestación del CEU.