¿Gobierno dividido?

Al filo de la legalidad, sin temor a las represalias de Palacio Nacional, los consejeros electorales determinaron la integración de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. Morena es la primera minoría y con sus aliados —PT y PVEM— apenas tendrá 52.2% de las 500 curules.

El equilibrio precario en la Cámara baja podría dar un vuelco si el Partido Verde sigue bajo presiones. Uno de sus principales liderazgos —léase el exgobernador de Chiapas y actual legislador, Manuel Velasco Coello— ha sido sometido a intensas presiones por el apoyo que brindaría a presidenciables que no son los favoritos del Palacio Nacional.

Los consejeros electorales aplicaron la Constitución y las leyes vigentes con la consigna de evitar la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en San Lázaro. Después de haber ganado 183 distritos electorales el pasado 6 de junio, obtuvieron 95 diputados plurinominales.

Hace 25 años, la reforma político-electoral que el PRI pactó con la oposición impuso una norma que evitaba la sobrerrepresentación de un partido político en los órganos legislativos y obligaba a que la fuerza mayoritaria debiera alcanzar al menos 42.2% de la votación válida emitida para tener la hegemonía. La conformación de las fracciones parlamentarias con diputados “prestados” dio al traste con la cláusula de gobernabilidad.

Extinguido el trienio de la mayoría absoluta de la Cuarta Transformación, el bloque de contención reclamará la Presidencia de la Junta de Coordinación Política y 40% de los cargos administrativos y las comisiones legislativas en San Lázaro.

¿La nueva composición en San Lázaro es una temprana señal de la alternancia en el 2024? Hay quienes observan que al igual que en 1997 —cuando el PRI perdió la mayoría de las alcaldías de la zona conurbada a la Ciudad de México y la oposición constituyó el G-8 en la Cámara de Diputados— la figura presidencial está sometida a un proceso de desgaste. ¿El ciclo electoral lopezobradorista estará próximo a cerrarse?

Los datos más recientes sobre el acuerdo presidencial —el tracking diario de Consulta Mitofsky puede consultarse en El Economista— no apoyarían esa hipótesis. Pero el resultado del pasado 6 de junio tampoco sustenta altas expectativas ciudadanas en las acciones y los programas del Ejecutivo y su partido. Cuando arranque el 2022, solo 10 de los 31 estados de la Federación tendrán gobernadores de oposición. ¿Mandato diluido para la Cuarta Transformación? ¿O una etapa de sabotajes y conspiraciones está en ciernes?

Efectos secundarios
OPORTUNISMO. Una década después de que las autoridades laborales dieran por terminada la relación de trabajo entre Mexicana de Cananea y el Sindicato Minero, el senador Napoleón Gómez Urrutia ha convocado a la Cuarta Transformación a un “diálogo amistoso” que le permita recuperar la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Ese insólito emplazamiento surge de la admisión de una queja interpuesta por esa organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma instancia a la que acaban de acudir los líderes del PAN, del PRI y del PRD para denunciar la injerencia del crimen organizado en las pasadas elecciones federales. El Ejecutivo federal calificó como “politiquería” tales denuncias ante la CIDH.

PRESIONES. La Red Compartida —uno de los proyectos más ambiciosos del peñismo— quedó a cargo de Altan Redes, empresa que solicitó un crédito por 50 millones de dólares para hacer frente a sus pasivos. Esa operación —una bocanada de aire para la administradora de la ancha banda— está sujeta al análisis de la juez concursal María Concepción Martí Argumosa. Huawei y Nokia reclaman pagos por más de 800 millones de dólares, pero Fonadin y Nafin están entre los principales acreedores. ¿Y las autoridades hacendarias?