El otro fuero

Han pasado casi siete años desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad, contra el decreto que expidió el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales y reformó el Código de Justicia Militar.

Entonces, el debate sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tenía otra intensidad, pero coincidía con muchos de los cuestionamientos vigentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente entró al fondo del asunto. Entre lo ya validado —el debate en el Pleno seguirá después de Semana Santa— están las reservas de la información de los datos personales en los procedimientos penales en materia de justicia militar, o la autorización a las fuerzas castrenses para realizar cateos en buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de transporte

Preservar la seguridad nacional y reconocer los límites del fuero civil y el fuero militar fueron las tareas del ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, quien propuso invalidar la disposición que permitía al ministerio público militar solicitar la localización geográfica en tiempo real, sin precisar las personas susceptibles de esta medida, lo que podría implicar su aplicación sobre personas civiles, sin control previo de la respectiva autoridad judicial.

En el ambiente, el debate por la difusión de comunicaciones del alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, extraídas por el colectivo Guacamaya, que demuestran la intercepción de los dispositivos telefónicos de defensores de derechos humanos y periodistas.

Esas filtraciones —basadas en documentos apócrifos, de acuerdo a la versión oficial— apuntaban además a la existencia de un Centro de Inteligencia Militar, lo que fue negado enfáticamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al pronunciarse sobre el proyecto de sentencia del ministro Aguilar Morales sobre las extralimitaciones del fuero militar, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que la intervención de las comunicaciones de civiles, por parte de las Fuerzas Armadas, sería una forma ilegal de espionaje.

En esta materia —insistió— la Constitución faculta exclusivamente a las autoridades civiles para ordenar la escucha de conversaciones telefónicas, así como la lectura de mensajes que intercambian las personas, por lo que la autoridad militar está impedida de realizar estas acciones.

El uso de tecnología en tareas de inteligencia —llámese Pegasus o cualquier otro sistema intrusivo— está bajo escrutinio. Artículo 19 relevó ayer su informe anual —denominado “Voces contra la indiferencia”— y afirmó que desde las instituciones castrenses se considera enemigos potenciales a colectivos e individuos que investigan, denuncian y exponen casos de violación a derechos humanos, sin que la respuesta del gobierno federal haya sido satisfactoria; y lo que es más, se destinaron recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales con la finalidad de “desmentir” el uso de malware.

Efectos secundarios
REPUNTES. N+ cumple su primer aniversario y prepara el estreno de Tercer Grado deportivo. La transformación de Noticieros Televisa se materializa en la solidez de sus números: 44 millones de audiencia diaria —en la suma de sus plataformas—, 122 millones de visitas acumuladas y 48 millones de usuarios registrados en nmas.com.mx

CONTROLES. Una añeja amistad y la vinculación a un mismo grupo político hicieron que Manuel Añorve se convirtiera en enlace de CEN del PRI con la bancada tricolor en el Senado de la República, tras el distanciamiento entre Alejandro Moreno y Miguel Ángel Osorio Chong. Además de la cercanía al exgobernador de Campeche y Manlio Fabio Beltrones, el legislador guerrerense cuenta con el respaldo de Beatriz Paredes y Jorge Carlos Ramírez Marín. Ese incidente reiteró la realidad dentro del PRI: Alito tiene control absoluto de las estructuras partidistas y premió la lealtad de su amigo.