El invierno del 2021 acababa el plazo concedido por el gobierno mexicano para el reembolso. En el banco regiomontano, acceder a esa petición tuvo funestas consecuencias para su área jurídica
Justo hace dos años ocurrió uno de los capítulos más oprobiosos para la banca mexicana en las épocas recientes: para librar un engorroso pleito en tribunales —y sanciones de los órganos reguladores—, Banorte, CI Banco y Santander aceptaron cubrir casi 900 millones de pesos salidos de las arcas de Segalmex, la primera paraestatal creada por la Cuarta Transformación.
Las áreas fiduciarias de esas instituciones recibieron los recursos y acataron instrucciones de los fideicomitentes, Corafi Financiera, entidad con la que René Gavira Segreste —quien al inicio del sexenio fue nombrado director general de administración y finanzas de Diconsa y Liconsa— suscribió el contrato de intermediación bursátil.
El invierno del 2021 acababa el plazo concedido por el gobierno mexicano para el reembolso. En el banco regiomontano, acceder a esa petición tuvo funestas consecuencias para su área jurídica. En Santander y CI Banco —hasta ahora— no se conoce de sanciones internas, aunque en tribunales locales y federales avanzan sus reclamos contra el empresario chiapaneco René Dávila de la Vega y su hijo, René Dávila Díaz, accionistas principales del consorcio presuntamente responsable de captación irregular.
Por las implicaciones del caso, tuvo que intervenir el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien avaló la ruta de solución confeccionada por la oficina del titular de SHCP, Rogelio Ramírez de la O.
La recuperación del capital eximió a los bancos de las acciones penales emprendidas contra los defraudadores de Segalmex. ¿Y los intereses generados por los certificados bursátiles fiduciarios, poco más de 50 millones de pesos? Otros pillajes fueron cometidos por Gavira Segestre, cuyos vínculos con el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y otros líderes priistas y perredistas en la Ciudad de México, también fueron investigados por las autoridades judiciales.
El exfuncionario —quien se entregó a la FGR apenas hace un mes— solía presumir sobre los privilegios de su triple cargo, principalmente quedar exento de las Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Un mandato anterior —que dio Liconsa acciones en America Movil, por ejemplo—, la autorización del Consejo de Administración de la paraestatal y finalmente, los oficios con la firma del primer titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, servirían a Gavira Segreste para descargarse de las imputaciones formuladas en su contra, por ejercicio indebido del servicio público.
Apenas si tuvo su nombramiento —diciembre del 2018 y febrero del 2019— el exdirector de administración y finanzas giró instrucciones para invertir los recursos disponibles de Liconsa en los certificados bursátiles. Tales operaciones, determinaría posteriormente la Procuraduría Fiscal de la Federación, determinó que Corafi no cuenta con la autorización para celebrar fideicomisos y captar recursos. Ni la Condusef ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisaron sus actividades, que datan de 2009.
Los Dávila —padre e hijo— están imputados en la causa penal contra Gavira Segreste aunque actualmente están en libertad provisional. Al margen del llamado caso Segalmex, Santander reclamó las garantías presentadas por Dávila de la Vega, quien en abril pasado acreditó a Jonny Gallegos como su representante legal. El expediente 269/2022 será resuelto en el juzgado segundo de lo civil de Yucatán.
Por su parte, CIBanco interpuso un amparo (juicio 1047/2022) para evitar el congelamiento de los fondos, promovido por el Congreso de Chiapas. “Al desconocerse el domicilio actual de los terceros interesados, René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz”, la secretaria del juzgado Quinto de Chiapas ordenó su emplazamiento por edictos, el pasado 6 de julio.
No obstante sus problemas judiciales la familia Dávila mantiene la operación de sus negocios en el centro comercial Icaria. Sus emprendimientos gastronómicos —la cantina La Valentina y el bar The One son emblemáticos— y su trabajo altruista (a través de la fundación Manos que Curan) le han dado presencia en Tuxtla Gutiérrez.
Corafi no es la única intermediaria financiera en la mira de las autoridades hacendarias, por haber gestionado recursos públicos como inversiones privadas. Las felonías de Grupo Escorfin, son de mayor cuantía y gravedad. Y no solo es el caso Forte-SNTE…
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