En Venezuela no hubo cárteles poderosos que se fragmentaran como en México o crecieran hasta volverse un poder fáctico como en Colombia
En 1990, Venezuela tenía una tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2002 había llegado a 45 por cada 100 mil. En 2018 su cuota era de 81 por cada cien mil. Es la más alta del continente y una de las más altas del mundo.
En Venezuela no hubo cárteles poderosos que se fragmentaran como en México o crecieran hasta volverse un poder fáctico como en Colombia.
La debacle de violencia de Venezuela es autoinflingida por una política de combate al crimen que empieza por desconocer su naturaleza específica y confunde el castigo al crimen con la represión social.
El núcleo ilusorio de la política contra el crimen en Venezuela es, como la de México, que los criminales son producto de la injusticia, de la pobreza, de modo que en el fondo son víctimas también, víctimas desesperadas, de una sociedad injusta. Al llegar al poder en 1999, Hugo Chávez resumió esta visión con una frase: “Si yo fuera pobre, robaría”. Decidió no perseguir el crimen sino prevenirlo.
Su prevención fue echar sobre el país la más abundante panoplia de subsidios y programas sociales que se recuerde, financiados todos con los portentosos excedentes petroleros que aquellos años derramaron sobre Venezuela. Cuando la fiesta terminó, el crimen había crecido exponencialmente.
Cuatro decisiones estratégicas convirtieron Venezuela del país seguro que era en el más violento del continente. Primero, desmantelaron las policías y entregaron esa función al ejército. Segundo, pactaron con las pandillas urbanas para atraerlas hacia el movimiento como fuerzas paramilitares. Tercero, entregaron la administración de las prisiones a los delincuentes. Cuarto, dieron refugio a las guerrillas colombianas.
Al final no sabían qué hacer ni con el ejército, ni con las pandillas, ni con las FARC, ni con la delincuencia misma. El resultado fue la pérdida de todo control sobre el crimen, la expansión territorial de éste y la convivencia obligatoria de la soberanía del Estado con la soberanía criminal.
81 homicidios por cada 100 mil habitantes. México va en 27. Todo esto y mucho más puede leerse, como quien ve un anticipo de lo que sucede en nuestro país, en el ensayo de Joaquín Villalobos: Soberanía criminal, aquí.
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