Su alianza de facto tiene un alto costo para el gobierno civil y para la seguridad pública, pero lleva dentro una lógica férrea de concentración y continuidad de poder
Hay dos fuerzas armadas en el país, las legales y las ilegales. Las primeras incluyen a militares y policías; las segundas a las bandas del crimen.
Las primeras son superiores en organización, número, profesionalismo y equipamiento. Son las responsables de garantizar lo que parece cada día menos garantizado: el monopolio de la violencia legal.
Las segundas han alcanzado una implantación territorial, una capacidad de violencia paramilitar y una impunidad de acción que parecen indesafiables en muchas ciudades y pueblos: son un archipiélago de pequeños y no tan pequeños monopolios de violencia criminal. Es ya lugar común el dicho de un general estadunidense según el cual México no controla el 35% de su territorio.
El gobierno parece estar cómodo con que así sea.
No quiere usar la violencia legal para contener a la ilegal. De hecho, tiene decretada una especie de tregua entre las fuerzas armadas legales y las fuerzas armadas ilegales.
Las fuerzas armadas legales parecen particularmente ineptas en su tarea de combatir la violencia criminal, en gran medida porque eso es lo que les pide el gobierno: no atacar a los criminales.
Y las fuerzas armadas ilegales actúan cada vez con mayor impunidad sobre regiones inermes, en parte por el permiso de actuar que reciben del gobierno. El gobierno, repito, parece cómodo con este reparto de la violencia. Más aún: lo promueve.
Militariza el gobierno a paso redoblado, al tiempo que tolera el crimen organizado, le libera líderes y celebra su control de algunas zonas como causa de la poca violencia que hay en ellas.
La idea suena descabellada pero los hechos la prueban: el gobierno actúa como si tuviera una alianza política abierta con los dos monopolios de la violencia del país.
Su alianza de facto tiene un alto costo para el gobierno civil y para la seguridad pública, pero lleva dentro una lógica férrea de concentración y continuidad de poder.
Quien quiera darse una idea de las ventajas de la alianza con el crimen para efectos electorales, no tiene más que asomarse a la pieza de Héctor de Mauleón en el Nexos de septiembre: “2022: la elección del narco”: https://bit.ly/3wJ7gXc.
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