Es una ventaja enorme sobre sus competidores: tienen puesto y están en campaña, con el puesto y sus recursos al hombro. La ley electoral vigente en México prohíbe el uso de recursos públicos para hacer propaganda electoral
ivimos una temporada particularmente floja en el cumplimiento de las leyes electorales. Por primera vez desde que hubo alternancia en el país, el gobierno se dedica a desprestigiar al Instituto Nacional Electoral, al que trata como parte activa de la herencia neoliberal y al que quisiera desaparecer, literalmente, para sustituirlo por un engendro malamente diseñado de funcionarios electos.
La aceleración de la campaña presidencial de Morena no hace sino extender el territorio de fricción entre los personajes encampañados, las leyes vigentes y los encargados de vigilar su aplicación. Para empezar, está la dualidad de los personajes que están ya en campaña, pero mantienen sus puestos en el gobierno.
Cada vez que aparecen, cada vez que hablan, cada vez que van a un mitin de otros candidatos o a una gira del Presidente, se plantea el problema de si están usando o no recursos públicos para “placearse” y hacer campaña en su favor. De por sí ninguno de los gobiernos de la democracia ha vuelto, como este, parte explícita de su popularidad y su oferta electoral la entrega de programas sociales y bienes públicos.
Ahora tenemos, más de un año antes de que empiecen las campañas, al menos a tres personajes del gobierno moviéndose por la escena pública con la doble cachucha de ser miembros del gabinete o jefa de Gobierno de la Ciudad de México, siendo al mismo tiempo precandidatos designados por el Presidente para ser candidatos de Morena.
Es una ventaja enorme sobre sus competidores: tienen puesto y están en campaña, con el puesto y sus recursos al hombro. La ley electoral vigente en México prohíbe el uso de recursos públicos para hacer propaganda electoral.
La ley establece también los tiempos específicos en que se puede y no se puede hacer campaña. Nada de esto puede cumplirse en las nuevas condiciones de campaña establecidas por la decisión política de anticipar sus precandidaturas del oficialismo.
Uno tiene la impresión de que cualquier abogado solvente podría retacar al Instituto y al Tribunal Electoral de querellas fundadas por tanta anticipación.
Incluso, por la anticipación misma. Pero está claro ya que no privan hoy las leyes, sino los hechos cumplidos.
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