El 1° de mayo, el Consejo General debe aprobar los lineamientos de reestructuración de sus oficinas centrales, donde desaparecerían varias direcciones ejecutivas (transitorio 14)
Vistos de cerca, los cambios y los plazos que el plan B le impone al INE son una misión imposible y causarían en la institución un daño irreparable.
Tanto la misión como los daños quedan claros en los 30 artículos transitorios del decreto. A continuación, algo de lo que he podido consultar con expertos:
Entre enero y abril de 2023, el Consejo General del INE debe identificar las normas internas que hay que cambiar para ajustarse a las nuevas leyes (transitorio 7). Problema: El decreto, publicado el 2 de marzo, obliga a lo imposible: trabajar en su cumplimiento durante enero y febrero.
En abril de 2023, el INE debe tener claro a cuánta gente va a correr bajo la nueva legislación y cuánto costará correrla (transitorio 10).
El INE debe correr a unos 2 mil miembros del Servicio Profesional Electoral y a 4 mil de la rama administrativa (los que trabajan en las Juntas Ejecutivas Distritales, que van a desaparecer).
Despedir a estas 6 mil personas, conforme a la ley, costaría unos 3 mil 500 millones de pesos. Problema: el INE no recibirá recursos adicionales para esto (transitorio 9). Deberá obtenerlos de sus propios fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura (transitorio 11), pero el dinero de esos fideicomisos no alcanza.
Entre abril y mayo de 2023, el INE debe definir quiénes de los mil 500 vocales de las Juntas Ejecutivas Distritales se quedarán en las Oficinas Auxiliares que las suplen. Estas Oficinas Auxiliares tendrán sólo un “vocal operativo”, en vez de cinco (transitorio 12).
El 1° de mayo, el Consejo General debe aprobar los lineamientos de reestructuración de sus oficinas centrales, donde desaparecerían varias direcciones ejecutivas (transitorio 14).
En el mismo mes de mayo, el Consejo General debe nombrar a los nuevos directores de las áreas que queden (transitorio 16).
El 30 de julio debe estar listo el nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral (transitorio 17).
El 1° de agosto debe haberse terminado todo lo anterior (transitorio 15).
Estos son algunos aspectos sobresalientes de la misión imposible impuesta al INE y de los daños irreparables que se infligiría a sí mismo si los cumple.
No sólo se trata de “destazarlo”, sino rápido.
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