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La movilización ciudadana convocada para este domingo 26 de febrero en todo el país puede ser el arranque, simbólico y real, de unas elecciones libres en 2024.

No es una movilización organizada por partidos políticos, ni en servicio de candidatos en campaña.

Ha nacido fuera de las correas de transmisión de la política profesional. Se propaga en el ámbito de la sociedad civil, en defensa de la democracia de todos y del órgano autónomo de esa democracia, el Instituto Nacional Electoral.

El INE es la institución que encarna, mejor que ninguna otra en el país, los principios de imparcialidad, transparencia y eficacia en la organización de las elecciones, en el conteo de los votos y en la certidumbre de los resultados.

El INE es también la institución que provee la credencial de elector, el documento oficial de identidad que los mexicanos mayores de 18 años usan en todos sus trámites.

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En esto es también una institución única: gestiona y entrega las credenciales sin colas, sin mordidas, sin coyotes ni intermediarios, sin copias falsas ni mercados negros. En una palabra, sin corrupción.

Si la democracia mexicana tiene un esqueleto que la mantiene erguida, ese esqueleto lo forman el INE y las leyes que lo hacen posible.

Las nuevas leyes aprobadas por los legisladores oficialistas en el Congreso, el llamado plan B, le quitan al INE las piernas y los brazos, y devuelven su cabeza y su columna vertebral al control del gobierno. Devuelven también al gobierno el manejo del padrón y de la credencial de elector.

La democracia mexicana se formó quitándole al gobierno el control de las elecciones, pues ese control no había sido sino fuente histórica de trampas y fraudes.

La marcha de este 26 de febrero será una movilización en defensa de la democracia alcanzada por los mexicanos; en defensa de su posibilidad de elegir libremente a quien quieran, sin la tutela ni la imposición del gobierno.

Se trata por eso de una movilización en defensa de la democracia y de la libertad de todos: un dique de contención civil a las pulsiones dictatoriales que bajan del gobierno y de sus legisladores.