¿Adiós a la alta burocracia?

Acaban de cumplirse los primeros 45 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y apenas podrá concretarse el proceso de entrega-recepción. La “limpieza” de los antiguos mandos medios y superiores de la administración pública federal comenzó justo 15 días después de los comicios del pasado 1 de julio, con sucesivas circulares bajo la firma de Isaac Gamboa Lozano, entonces titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda.

Desde Palacio Nacional, los oficiales mayores o equivalentes de las dependencias y las entidades de la administración pública federal recibieron la instrucción tajante de no autorizar la contratación de plazas presupuestarias de carácter permanente, de plazas de carácter eventual y servicios profesionales por honorarios con cargo al capítulo 1000 (servicios personales), a partir del 16 de julio de 2018.

En los tres meses posteriores, sin mucho sigilo, vino un cúmulo de retiros y renuncias voluntarias que se convirtió en un alud que comenzó a materializarse cuando la legislatura entrante dio trámite a la ley reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucionales, para establecer el tope a las remuneraciones de los servidores: y el entonces presidente electo hizo público que ganaría “menos de la mitad” que su antecesor.

Muy pocos aprovecharon la oportunidad de retirarse con su salario intocado y no creyeron que la austeridad republicana los despojara de los seguros —de gastos médicos mayores y el fondo de separación individualizada— u otras prestaciones para la “alta burocracia”. Los amparos individuales se han acumulado por centenares en el Poder Judicial, lo mismo que las acciones de inconstitucionalidad promovidas por órganos autónomos y grupos parlamentarios.

El arranque del sexenio trajo consigo la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Allí está el anexo 23 donde quedaron establecidos los límites de percepción ordinaria total de la administración pública federal. Y en el Diario Oficial de la Federación, el último día del 2018, apareció el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, con los nuevos tabuladores salariales, vigentes a partir del 1 de enero del 2019.

¿Resultante? Una paradoja: pues los mandos medios y superiores sufrirán una reducción de sus ingresos, mientras los mandos medios —desde jefes de unidad hasta coordinadores— notarán un incremento en su salario. A salvo, el personal administrativo, de estructura y/o sindicalizado, pues sus percepciones están sujetas a la revisión anual de su respectivo contrato colectivo.

El punto de quiebre ocurrió el pasado lunes 15. Aquellos en el supuesto de la reducción de ingresos fueron notificados por sus superiores jerárquicos —por escrito— de las nuevas condiciones salariales. En caso de aceptarlas y solo tras de estampar su firma en la documentación oficial correspondiente, “por única vez”, se les finiquitará la diferencia entre el tabulador anterior y el actual, mediante la indemnización equivalente a tres meses y 20 días por año trabajado, desde su fecha de ingreso y hasta el 31 de diciembre del 2018.

Quienes no acepten las nuevas circunstancias, han sido invitados a dejar su cargo. “La baja para los funcionarios salientes es el día 15 de enero”, notificó Pedro Zenteno, director de administración y finanzas del IMSS al encargado del OIC, Jorge Peralta. “La designación de los funcionarios públicos entrantes es con fecha del 16”.

Y empezó la corredera…

EFECTOS SECUNDARIOS

HIPOCRESÍAS. Los expresidentes del Consejo Nacional Agropecuario remitieron una carta al actual dirigente de ese organismo, Bosco de la Vega, para patentizarle su desconcierto luego de que en el seno del CEE circularan tres oficios con su firma, como aval para competir por la presidencia de la cúpula empresarial (uno es su autopostulación). Si bien una parte de los agroindustriales se opone a la candidatura del exdirector general de FEMSA, Carlos Salazar, tampoco hubo un respaldo a su autopromoción. Los otros nominados son Manuel Herrera, expresidente de Concamin, y Luis Antonio Mahbub, de Concanaco. Y no pasó desapercibido que durante la reunión del CNA el pasado 13 de diciembre —a la que acudieron el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel—, De la Vega acusó que Carlos Salazar no es sino “una imposición de la cúpula del poder”. Y si eso piensa, ¿por qué acudió a una cena con Carlos Salazar?

PENDIENTES. Por designación presidencial, Enrique Fernández Fassnacht llegó al Tecnológico Nacional y Enrique Ku Herrera, al Conalep. Ambas dependencias están adscritas a la Subsecretaría de Educación Superior, que encabeza Luciano Concheiro. Pero en esta última institución el director saliente, Jorge Neyra González, dejó una enorme carpeta de pendientes. Entre ellos, los pagos a Reisco Operadora, que brindaba los servicios de limpieza hasta que le rescindieron el contrato CAS-122/2017 que habría de culminar hasta el 31 de octubre del 2019. El asunto llegó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Función Pública.

EXPEDICIONES. EB Capital, de Alejandro y René Escobar Bribiesca, decidió incursionar en el sector asegurador con la firma EB Life, que se enfoca en brindar servicios de corretaje de seguros, reaseguro, fianzas y administración de riesgos para empresas. También hay que recordar que se encuentran en el sector de distribución de bebidas espirituosas con Mr Volk, en la industria inmobiliaria con Ficadey, también tiene una sociedad en Sr Pago. Además hay que recordar que EB Capital es una firma líder en el sector de servicios administrativos y capital humano, seguros, además de benchmarking y banca de inversión.