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La unanimidad con que la Junta de Coordinación Política del Senado acordó exhortar a las secretarías de Bienestar y Salud a no trasquilar el apoyo a las estancias infantiles retrata la gravedad de la torpeza que se ha intentado contra más de 350 mil niños y niñas (cuatro mil con algún tipo de discapacidad) menores de cuatro años y de sus madres trabajadoras.

Es de reconocerse la sensibilidad del presidente de la Mesa Directiva y su mayoritaria fracción de Morena, Ricardo Monreal, para entender la preocupación por tan silvestre embestida contra esos centros, basada en supuestos de “corrupción” jamás precisados para escamotearles dinero y bajar a dos años la edad de los pequeños necesitados de atención profesional.

La idea de quienes convencieron al Presidente de atentar contra el derecho superior de la infancia es en extremo innoble: en palabras del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, se pensaba que “el gobierno lo que hace es dar el dinero a las estancias. Tengo entendido que la Secretaría (de Bienestar al parecer) lo que está diciendo es: en lugar de darle el dinero a las estancias infantiles, se les da a los papás; y que los papás se lo den a las estancias, o a lo mejor otra cosa. A lo mejor con eso se puede ayudar a la abuela que va a cuidar a las niñas y niños; que va a cuidar quizá mejor que las propias estancias”, porque lo que se pretende (o se quería) es (o era) “dar flexibilidad a los padres de familia…”.

Y en boca de Andrés Manuel López Obrador: “Se va a proteger a todos los niños de las estancias infantiles. Se les va entregar el apoyo directo a los padres, a las madres, no a las estancias infantiles, porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles”. De lo dicho por Urzúa: “… Esa familia decide si quiere entregarle esos recursos a los de las estancias; si esa familia dice ‘con esto yo puedo encargarle mis hijos a una hermana, a una tía, a una abuelita’, es decisión de cada familia…”.

Sobre tan endebles premisas como las misteriosas “irregularidades”, en vez de aclararlas y perseguir a los desconocidos ladrones, se ha pretendido entregar solo 2 mil 41 millones de pesos, contra 4 mil 70 de 2018, afectando la operación de 9 mil estancias infantiles que, además, dan empleo a cocineras, pedagogas, especialistas, enfermeros, personal de limpieza y asistentes.

Es el programa de estos establecimientos lo que contribuye (mucho más y quizá mejor que los abuelos o tíos) a mejorar la calidad de vida de los niños y sus madres trabajadoras.

Se comparta o no la idea, puede entenderse que el gobierno pellizque de aquí o de allá lo que se le ocurra para costear la cuarta transformación, pero quitarle a las estancias infantiles un solo centavo revela una voracidad que ahora, gracias al acuerdo de los senadores de todos los partidos, quizá conmuevan a las secretarías de Estado en cuyas manos están las repugnantes tijeras…

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