¿Podemos creer en la inocencia de personajes tan señalados por la opinión pública, incluso por su realidad de complicidades?
Faltan pruebas dice la primera mandataria.
Sobran pruebas dice gran parte de la opinión pública y de la percepción en la sociedad civil.
Desde que el “Mayo” Zambada fue secuestrado, desde que fue “asesinado” en una gasolinera Héctor Melesio Cuén, desde que recordaron sus declaraciones sobre la necesidad de “relacionarse” con narcotraficantes para ser gobernador, Rubén Rocha ha sido juzgado.
Ahora lo acompañan personajes locales, de dudosa inocencia para decir lo menos, que habrán de ser defendidos institucionalmente porque ya la Fiscalía General de la República aseveró que no hay pruebas, antes de investigar.
¿Van en paquete? O, como dicen en los pueblos, el “hilo se rompe por lo más delgado” y habrán de entregar a los policías también señalados por la autoridad norteamericana.
No puede dudarse de la intencionalidad política detrás de la investigación, del seguimiento de las distintas etapas, incluyendo la presentación ante un “gran jurado” de ciudadanos independientes, que devino en la solicitud de detención provisional para posterior extradición. Tampoco se puede cuestionar su legitimidad, así haya deseo de intervenir en temas inherentes a nuestras leyes y nuestra soberanía.
Se solicita una orden de captura a otro país cuando existe la orden de aprehensión dictada por un juez. Cuando el acusado es detenido provisionalmente por el gobierno de ese país, México en el tema que nos ocupa, se pone a disposición de un juez federal y entonces, solamente entonces, se hace la presentación legal de pruebas para conceder o no su extradición, lo que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Tiene razón la Presidenta al aseverar que no fueron presentadas pruebas “contundentes” en la solicitud de las autoridades norteamericanas. Tal vez, aceptemos, no era necesario hacerlo. ¿Existen estas pruebas? O el gobierno que encabeza Trump asume unilateralmente que alguien es criminal y puede encarcelarlo impunemente. Esa es la verdadera interrogante.
¿Habrá, a priori, impunidad para todos los indiciados? Es decir, para un policía acusado de secuestro, por ejemplo. La decisión que habrá de tomar el gobierno de la doctora Sheinbaum sigue siendo un misterio, lo que conocemos de antemano son los costos que conlleva cualquiera de las opciones que elija, hacía dentro de nuestro país, de su movimiento político, de su gobierno todo, y los costos en la relación con el Presidente Trump.
No es fácil.
Tampoco debió haber sido fácil, en su momento, proteger a Rubén Rocha cuando se tenía la evidencia del asesinato de Melesio Cuén que, oficialmente, desde la oficina de sus autoridades, se pretendió borrar. Crimen que obtuvo impunidad federal. La permanencia en el poder de Rubén Rocha ha tenido un precio que fue creciendo de manera exponencial hasta la fecha, queda la pregunta de por qué se decidió apoyarlo pese a tanto.
Hoy el tema está imbricado en la defensa de nuestra soberanía para mal común…
