La Fundación Mary Street Jenkins acusó que un juez evade su responsabilidad de dar cumplimiento a una suspensión de amparo relacionada con la UDLAP
La Fundación Mary Street Jenkins acusó que un juez en la Ciudad de México evade su responsabilidad de dar cumplimiento a la suspensión de amparo que ordena devolver el campus de la UDLAP a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (FUDLAP) y a las autoridades académicas presididas por Margarita Jenkins de Landa.
El organismo acusó que se trata del juez 24 Civil con sede en la Ciudad de México, Roberto Yáñez Quiroz, quien presuntamente también ordenó medidas precautorias irregulares.
La Fundación detalló que la suspensión otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla tiene efectos restitutorios que pretenden ser desconocidos por el juez Yáñez Quiroz, después que se declarara incompetente para seguir conociendo del caso y lo mandara al juez 60 de lo Civil.
La Fundación Mary Street Jenkins detectó que las actuaciones que ordenan al Juzgado 24 de lo Civil de la Ciudad de México el acatamiento de la suspensión otorgada desde el Poder Judicial de la Federación se enviaron a la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia capitalino para eludir su cumplimiento.
Yáñez Quiroz también envió un oficio al Juez Federal de Puebla, en el que le informa que ya no tiene el expediente del caso relacionado con la UDLAP.
Estos hechos confirman el concierto de acciones en el Juzgado 24 capitalino y desde el patronato espurio, impuesto por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla, que obedece las instrucciones del gobernador Miguel Barbosa, para burlar la suspensión que favorece a la Fundación Mary Street Jenkins, tras la ilegal incursión de la Policía Estatal de Puebla en el campus de Cholula”, acusó el organismo.
La Fundación llamó al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que investigue las acciones del juez Roberto Yáñez, “que viola el Estado de Derecho con la finalidad de facilitar el apoderamiento ilícito de patrimonio privado a través de medidas que ya fueron anuladas por un juzgado federal”.
Con información de López-Dóriga Digital
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