El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejó en claro que se necesita de “una autorización judicial federal” para obtener información de un número celular
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este viernes que sólo los jueces federales tienen la facultad para solicitar que se sustraiga la información de un número celular.
Lo anterior, con el objetivo de proteger el derecho humano a la inviolabilidad de comunicaciones consagrado en el artículo 16 constitucional, de tal manera que la autorización de entrega de información es competencia federal.
Por lo tanto, la entrega de datos a la autoridad investigadora, al implicar una restricción a ese derecho humano, no puede deslindarse de la protección establecida en el artículo constitucional; de ahí que para que surta efectos la obligación de su entrega, es indispensable la existencia de una autorización judicial federal”, aseguró.
Esta aclaración la hace el Poder Judicial Federal después de que el diario estadounidense The New York Times diera a conocer que la fiscalía de la Ciudad de México, al mando de Ernestina Godoy, ordenó a algunas compañías telefónicas entregar los registros telefónicos de políticos y funcionarios.
Al menos 14 órdenes escritas revisadas por The New York Times muestran que la fiscal general ordenó a la compañía de telecomunicaciones más grande de México que entregara los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación, de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos”, se puede leer en el reportaje.
La Fiscalía de la Ciudad de México rechazó lo informado por el diario estadounidense y anunció una investigación para aclarar de dónde vino la información que se publicó.
Lo publicado en The New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en la Fiscalía, tienen referencia a números de oficios, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la Fiscalía, es decir, que el consecutivo en la nomenclatura citada en las supuestas solicitudes no coincide con el usado en nuestras investigaciones”, aseguró la fiscal Ernestina Godoy.
Con información de López-Dóriga Digital
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