Bárbara Botello, quien fue alcaldesa de León entre 2012 y 2015, demandó por daño moral, calumnia, difamación y falsedad de información al propietario del periódico A.M., Enrique Gómez Orozco
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió que la exalcaldesa mexicana Bárbara Botello busque “inhibir” al periódico A.M. mediante una demanda millonaria y desproporcionada por difamación tras investigaciones relacionadas con corrupción durante su mandato.
Detalló que Bárbara Botello, quien fue alcaldesa de León, Guanajuato, entre 2012 y 2015, demandó por daño moral, calumnia, difamación y falsedad de información al propietario del periódico, Enrique Gómez Orozco, y exige una indemnización de unos 14.5 millones de dólares.
La intención detrás de estas demandas suele tener efectos nocivos para la libertad de prensa “ya que lo que se busca es impedir al medio, o al periodismo en general, seguir investigando e informando sobre actos de corrupción en la administración pública”, se lamentó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
La SIP, con sede en Miami, indicó que Botello Santibáñez argumenta que las investigaciones del diario sobre supuestos actos corrupción durante su mandato le han causado daños irreparables.
Las investigaciones de A.M. fueron usadas por el municipio de León para denunciar penalmente a Botello Santibáñez por el delito de peculado, proceso judicial que no concluyó.
La SIP subrayó que se trata de un “caso típico de un funcionario público que busca desacreditar a un medio de comunicación, en lugar de demostrar la transparencia que dice haber tenido durante su gestión de gobierno, aspectos que son de interés público”.
Los funcionarios públicos deben están más expuestos a la crítica y a la fiscalización de la prensa que los particulares, recordaron Jornet y Jorge Canahuati, presidente de la SIP.
Aclararon que si bien la SIP es respetuosa de los conflictos que los particulares tratan de resolver por la vía judicial, estos hechos van contra la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta entidad consigna que en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público, “debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o tenía pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
Canahuati además se mostró sorprendido de millonario monto de la demanda.
Si la demanda contra A.M. tuviera lugar, la Justicia mexicana deberá tener en cuenta el principio de proporcionalidad, para evitar abusos y solicitudes excesivas de reparación monetaria que pudieran tener el mismo efecto inhibitorio para un medio que el castigo de cárcel contra su director y los periodistas”, señaló.
Con información de EFE
Minuto a minuto
