La Interpol detuvo esta semana en México al exministro ecuatoriano Walter Solís, aunque el Gobierno mexicano rechazó extraditarlo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la posición de su Gobierno de no extraditar al exministro ecuatoriano Walter Solís, detenido en territorio mexicano por la Interpol ante acusaciones de corrupción, debido a su estatus de “refugiado“.
Se hizo la detención, pero de inmediato hubo la comunicación entre las instituciones para decir no, no puede ser ni extraditado ni llevado a Ecuador porque tiene el estatus de refugiado”, explicó la gobernante.
Sheinbaum Pardo replicó lo dicho por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que igualmente se aferró a la condición de refugiado del detenido tras la petición de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, que la semana pasada solicitó a las autoridades mexicanas la extradición del exfuncionario acusado de actos de corrupción.
La presidenta aseguró que la detención tuvo que realizarse porque Solís tenía una “ficha roja de detención” por parte de la Interpol, pero que gracias a la buena coordinación de las instituciones mexicanas se le mantuvo en el país en respeto a su condición de refugiado.
Walter Solís es considerado presunto responsable de haber abusado de bienes públicos, por lo que cuenta con una orden de prisión preventiva en su país, aunque desde 2021 se encuentra refugiado en México.
Ante ello, la Cancillería mexicana precisó también que al exministro lo protege el principio de la “no devolución” al país de origen, “establecido en la Convención del Estatuto sobre Refugiados y de la cual México es parte”.
Asimismo, señaló que la SRE ha estado en comunicación permanente con la Fiscalía General de la República (FGR) para coordinar las acciones que deben proceder de inmediato, para así garantizar la libertad de Solís Valarezo “y el derecho que tiene a permanecer como residente en el país”.
Walter Solís, quien ocupó la cartera de Transporte y Obras Públicas, es uno de los nueve imputados dentro del caso de las obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016, en las que la Fiscalía ecuatoriana halló indicios de presunto peculado (malversación de fondos públicos) en la presidencia de Rafael Correa (2007-2017).
México rompió las relaciones con Ecuador tras la irrupción policial a su embajada en abril pasado para detener a Jorge Glas, quien fue vicepresidente de Correa, está imputado por el mismo caso que Solís y al que el Gobierno mexicano había dado asilo.
Con información de EFE
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