Rocío Nahle une a alcaldes de Veracruz para destrabar una deuda de 2008, liberando recursos federales para los municipios desde agosto
En un hecho sin precedentes para el panorama político de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García, en coordinación con el Secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, logró unificar a alcaldes de todas las fuerzas políticas para poner fin al problema de la bursatilización municipal.
El acuerdo, respaldado de manera unánime por los 199 ayuntamientos afectados, permitirá reestructurar y liquidar anticipadamente una pesada deuda heredada desde el año 2008, la cual mantenía asfixiadas las finanzas locales.
Este consenso adquiere una relevancia histórica debido a la actual fragmentación política del estado, donde los 212 municipios son gobernados por una diversidad de siglas que van desde Morena, el Partido Verde y el PT, hasta el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. A pesar de representar visiones de gobierno marcadamente distintas y no existir una fuerza hegemónica absoluta, los alcaldes decidieron dejar de lado las diferencias partidistas anteponiendo un objetivo común: recuperar la salud financiera de sus demarcaciones para beneficio de la población.
El problema que originó esta crisis se remonta a 2008, cuando los 199 municipios contrataron un esquema de bursatilización respaldado por sus participaciones federales, obteniendo un financiamiento inicial de un poco más de 1,200 millones de pesos. Lo que en su momento se promocionó como una alternativa de desarrollo, terminó convirtiéndose en una trampa financiera a largo plazo que originalmente se extendería hasta el año 2036, comprometiendo gravemente los ingresos futuros de las administraciones locales.
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A lo largo de casi dos décadas, los ayuntamientos veracruzanos pagaron una suma superior a los 2,500 millones de pesos; sin embargo, debido a las condiciones del mecanismo, la mayor parte de estos recursos se destinó exclusivamente a cubrir intereses y costos financieros. Como resultado, el saldo principal se mantuvo prácticamente intacto, registrando para este 2026 un adeudo estimado que todavía superaba los 1,500 millones de pesos, una carga que frenaba por completo la inversión pública municipal.
La estrategia de rescate impulsada por la administración de Nahle García establece un esquema sumamente favorable en el que el Gobierno del Estado de Veracruz absorberá aproximadamente el 75 por ciento del saldo pendiente. Por su parte, los municipios liquidarán el 25 por ciento restante mediante un esquema reestructurado que concluirá en el año 2030, logrando así recortar seis años de vigencia del Fideicomiso y liberando los recursos que se encontraban retenidos de manera sistemática.
Tras haber obtenido la aprobación unánime de los cabildos y el correspondiente aval del Congreso del Estado, el proceso se encuentra en su fase ejecutiva. El siguiente paso consistirá en formalizar las notificaciones correspondientes a las instituciones financieras involucradas y realizar los pagos calendarizados para detener definitivamente las retenciones a las arcas municipales.
De cumplirse los tiempos previstos por el Gobierno estatal, se proyecta que a partir de agosto de este año los municipios comiencen a recibir de manera íntegra sus participaciones federales. Estos recursos resultan vitales para las comunidades, ya que constituyen la principal herramienta para sostener servicios esenciales como seguridad pública, alumbrado, agua potable, pavimentación y obra social, consolidando este rescate como el acuerdo político más importante en favor del desarrollo comunitario veracruzano en los últimos años.
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