El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas apoyó “en todos sus términos” la iniciativa de reforma presidencial a la Ley Minera y otras leyes secundarias
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) refrendó su respaldo a las reformas a la Ley Minera propuestas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aunque el sector privado ha advertido sobre los riesgos para la industria de la minería del país.
En un comunicado, el INPI apoyó “en todos sus términos” la iniciativa de reforma a la Ley Minera y otras leyes secundarias propuestas el mandatario mexicano, pues “tiene como uno de sus fundamentos esenciales el respeto cabal a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la legislación nacional e internacional en la materia”.
Esta postura se produce después que la Cámara Minera de México (Camimex) y la agencia Moody’s advirtieran que de aprobarse los cambios, tal como están propuestos, serían negativos para el sector minero y afectarían las inversiones.
Adelfo Regino Montes, director general del INPI, argumentó que uno de los graves problemas de México es que en el pasado se expidieron numerosas concesiones mineras “en abierta violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Por ello, dijo, esta reforma “busca resarcir los agravios cometidos a los pueblos y comunidades indígenas en la ley de 1992, que abrió la puerta a los despojos territoriales y al saqueo de recursos naturales”.
Señaló que esta propuesta presidencial cobra especial relevancia porque pone los cimientos normativos e institucionales “para hacer justicia a los pueblos indígenas de México”.
Asimismo, enfatizó que la reforma a la Ley Minera evitará injusticias y daños al medioambiente de los territorios indígenas en el futuro.
El pasado 28 de marzo, López Obrador propuso reformar la Ley Minera, que de salir adelante solo otorgaría concesiones de minas mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de acortar la duración de las licencias de los 50 años actuales a 15 con la posibilidad de solo una prórroga.
Sin embargo, este lunes Moody’s advirtió que esta y otra reforma, que permitiría al Gobierno retirar concesiones o permisos de manera unilateral en la minería y cualquier sector solo con el argumento de que afectan al “interés público”, sería negativo para “cualquier inversión futura”.
De acuerdo con el informe de la agencia, México es el mayor productor mundial de plata, el segundo de fluorita y uno de los 10 principales de zinc, oro y cobre.
La minería, agregó el informe, generó cerca de 3 mil 100 millones de dólares en beneficios fiscales en 2021 y las empresas invirtieron un conjunto de 5 mil millones de dólares en 2022.
Durante el Gobierno de López Obrador, el territorio concesionado a mineras ha disminuido del 10.64 por ciento hasta el 8.59 por ciento del país, lo que implica cerca de 24 mil concesiones, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con información de EFE
Minuto a minuto
