Varias organizaciones han promovido un amparo contra la decisión de la entonces PGR sobre el derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi
A finales del sexenio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió dar carpetazo a la investigación contra la empresa minera Buenavista del Cobre por el desastre ambiental ocurrido en 2014 en Sonora. La empresa es filial de Grupo México, presidida por Germán Larrea.
De acuerdo con un expediente del caso, un agente del Ministerio Público Federal autorizó el no ejercicio de la acción penal dictada el 3 de julio de 2018. Tras esta determinación el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, promovió un amparo para evitar el cierre de la investigación.
Ante esto, el juez que conoció el caso decidió admitir a trámite únicamente la demanda de garantías, al considerar que el sindicato no tiene carácter de víctima y por tanto no tiene interés legítimo en la investigación.
Posteriormente, el sindicato interpuso un recurso de queja, el cual fue declarado infundado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ubicado en la capital del país.
“En efecto, tales inconformidades se desestimaron señalando que en esta etapa procesal no es posible determinar en forma patente y absolutamente clara si los promoventes de amparo (sindicato minero) tienen o no, carácter de víctimas”, señaló el tribunal.
La situación llegó a tal punto que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propondrá en la SCJN otorgar un amparo a una asociación civil que busca se le reconozca el derecho a presentar una demanda colectiva contra Buenavista del Cobre y Grupo México por daño ambiental.
El grupo Defensa Colectiva representa a campesino y habitantes afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Con información de Milenio
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