A diez años de la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos, donde 65 mineros trabajadores de Grupo México perdieron la vida tras estallar la Mina 8 donde extraían carbón, la delegación Coahuila de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social considera que el accidente fue un parteaguas en cuanto a frenar las omisiones para brindar … Continued
A diez años de la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos, donde 65 mineros trabajadores de Grupo México perdieron la vida tras estallar la Mina 8 donde extraían carbón, la delegación Coahuila de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social considera que el accidente fue un parteaguas en cuanto a frenar las omisiones para brindar seguridad a los carboneros.
Fue la madrugada del 19 de febrero del 2006 cuando la acumulación de gas grisú cobró la vida de 65 mineros que estaban por concluir su turno laboral; solo dos cuerpos fueron encontrados a escasos metros de la entrada al tiro principal de esa mina, 63 cuerpos yacen en sus entrañas y el rescate de esos restos es una asignatura pendiente.
Cuatro años atrás, la Procuraduría General de la República realizó nuevos peritajes para conocer la viabilidad de un rescate que desde el accidente ha sido exigencia de los deudos; sin embargo, los resultados siguen estancados y en Coahuila, las delegaciones de la PGR y la STyPS dicen desconocer cualquier información sobre un tema que se maneja de manera central.
A una década de la tragedia, Heriberto Fuentes Canales, delegado en el estado de la STyPS considera que el accidente fue clave para cambiar la visión de seguridad de autoridades y productores de carbón en la entidad; el endurecimiento de leyes, revisiones y sanciones a estos centros de trabajo, dio como resultado que desde 2013, la región Carbonífera no registre accidentes fatales en minas subterráneas.
“Hemos estado exigiendo a través de todas las inspecciones que hacemos nosotros, el cumplimiento de toda esta normatividad; que tengan tiro de ventilación, que tengan equipo para extraer los gases y que salgan por ese tiro de ventilación; que tengan aparatos o equipos necesarios para poder y trabajar al interior de las minas y esto ha mejorado en mucho la seguridad en las minas de carbón”.
De acuerdo a esta dependencia, en 2015, 18 de 112 minas registradas fueron clausuradas temporalmente por no contar con condiciones de seguridad para sus trabajadores, nueve restricciones siguen vigentes.
En lo que va del 2016, la Secretaría del Trabajo restringió labores en dos minas. Estos 20 cierres de los últimos dos años, se traducen en multas que suman 52 millones de pesos para los productores de carbón sancionados.
Por separado, el gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés se sumó a la exigencia del rescate de los cuerpos que piden los familiares de los mineros, quienes hace un año le hicieron un plantón afuera de Palacio de Gobierno en busca de su apoyo para agilizar este trámite.
El mandatario también dijo estar en espera que un día, el Legislativo Federal vote la iniciativa enviada por él donde se busca la prohibición para los “pocitos” de carbón o minas rudimentarias que años atrás cobraron fuerza en la región carbonífera de Coahuila y que de acuerdo a las propias autoridades estatales, financiaban a la delincuencia organizada.
Redacción
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