Será en marzo cuando la Sección Instructora de la Cámara de Diputados resuelva si procede o no el juicio político aprobado contra Rosario Robles
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados analiza citar a testigos para definir si procede o no el juicio político aprobado contra Rosario Robles Berlanga.
Tras valorar los elementos de prueba aportados y los hechos narrados por los denunciantes, en noviembre de 2019 se encontraron procedentes dos denuncias que permiten presumir la responsabilidad de la extitular de la Sedatu en diversas violaciones graves a los presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales.
El presidente de la Sección Instructora, el diputado Pablo Gómez Álvarez, informó que analizan citar a testigos para el desahogo de pruebas contra Rosario Robles, al tiempo que se resolvió incorporar todos los expedientes que distintas dependencias enviaron a la Cámara de Diputados.
“No podemos calcular con precisión cuándo cerraremos el periodo probatorio, tenemos que hacer un análisis del material que ha llegado. Una vez que realicemos esta tarea, entonces sí vamos a resolver sobre la eventualidad de testimonios personales, cerraremos el periodo probatorio y haremos el proyecto que presentaremos a la Cámara, pero creo que todo lo vamos a hacer en el periodo que dentro de la ley lo señala, en marzo”, dijo Gómez Álvarez.
La defensa de Rosario Robles calificó como un ‘juicio de Estado‘ el proceso legal contra la extitular de la Sedesol, al asegurar que fue configurado entre los tres Poderes de la Unión.
Los despachos Hernández Barros & Abogado y Epigmanio Mendieta & Abogados sentenciaron que “es una decisión arbitraria e ilegal que condena anticipadamente a la exfuncionaria, sin siquiera darle una oportunidad de exponer sus argumentos a favor en el proceso político, al estar ilegalmente sujeta a una medida cautelar innecesaria e injustificada”.
Mediante un comunicado, expresaron que el juicio contra Robles Berlanga tiene por objetivo borrarla del mapa político nacional y condenarla de forma anticipada sin que haya un proceso judicial de por medio.
Con información de El Universal y Notimex
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