México se posicionó en el lugar 34 de 43 países del Índice de Competitividad Internacional 2019, el cual mide la capacidad de las economías más importantes del mundo
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) presentó este martes el ‘Índice de Competitividad Internacional (ICI) 2019‘, el cual mide la competitividad mundial y analiza la desigualdad en México.
De acuerdo con el Imco, nuestro país lleva 20 años con un desempeño deficiente en términos de competitividad.
México se posicionó en el lugar 34 de 43 países del ICI, el cual mide la capacidad de las economías más importantes del mundo para generar, atraer y retener talento e inversión.
Para medir la competitividad, el índice evalúa 43 países a través de 126 indicadores, categorizados en 10 subíndices.
El Imco detalló que la posición de México es consistente con los hallazgos que señalan que en nuestro país hay brechas en el acceso a los servicios básicos para el desarrollo.
Nuestro país perdió tres posiciones en el subíndice de Derecho derivado principalmente “por el deterioro del Estado de derecho, la confianza en la policía y una tasa alta de homicidios“.
Indicó que lo anterior afecta en mayormente a la población con menores ingresos, lo que podría alejar inversiones en un contexto de mayor inseguridad e incertidumbre.
Pese a que México subió una posición en el subíndice de Sociedad, es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes y uno de los que tiene mayor gasto de bolsillo en salud, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de sus pobladores.
Agregó que nuestro país tiene un nivel de inglés muy bajo, lo que limitaría las oportunidades de sus habitantes para acceder a mejores empleos.
El Imco propuso que si México quiere cerrar las brechas de desigualdad, debe implementar políticas públicas efectivas, tales como:
- Avanzar hacia un esquema de seguridad social universal que cuente con los recursos necesarios para asegurar la infraestructura, personal e insumos.
- Invertir en educación para garantizar la calidad y la cobertura, así como priorizar la educación inicial y el preescolar por su impacto en eficiencia y equidad.
- Invertir en generar capacidades de procuración de justicia, como fortalecer las policías locales.
- Evaluar las políticas públicas orientadas a reducir la pobreza: contar con un padrón único de beneficiarios; definir reglas de operación para los programas de transferencias y subsidios, al seguir criterios de eficiencia, eficacia, transparencia; diseñar mecanismos de evaluación y retroalimentación para transparentar los resultados.
Con información de López-Dóriga Digital
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