Los marinos detuvieron a un joven mientras estaba con un amigo, lo torturaron y presentaron como narcotraficante sin tener pruebas para ello
Un nuevo informe de la CNDH indicó que tres elementos de la Secretaría de Marina detuvieron sin fundamento a un ciudadano en San Luis Potosí, al cual torturaron y posteriormente presentaron como miembro de los Zetas. El incidente ocurrió en septiembre del año 2012.
En la recomendación 74/2017, la comisión explicó que las pruebas recabadas durante su investigación se constató “que tres efectivos navales atentaron contra la seguridad y libertad personales del agraviado, al detenerlo sin motivo ni fundamento alguno, ya que no se acreditó que cometía delito de flagrancia como lo argumentaron sus aprehensores en la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal”.
Además, advirtió sobre la intención de los médicos de la Semar de no certificar las lesiones del afectado, pues no realizó un examen exhaustivo apegado a los protocolos para elaborar el certificado médico de lesiones. Lo anterior representa una clara violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Asimismo, la CNDH dijo que a partir de cinco testimonios recabados se constató que el sujeto fue detenido sin orden de aprehensión ni en flagrancia, puesto que salía de un restaurante, mientras que los militares habían señalado que el arresto ocurrió cuando el hombre salía de una residencia con otras personas armadas.
La declaración de los testigos concuerda con la realizada por la víctima, quien dijo que el 26 de septiembre los marinos entraron al restaurante donde se encontraba acompañado de un amigo y lo sacaron del negocio para realizar una revisión.
Añadió que uno de sus agresores lo insultó al ver que tenía un tatuaje en la muñeca izquierda, tras lo cual lo esposó, le puso una capucha y lo subió a un vehículo de la Marina antes de trasladarlo a las instalaciones de la Seido, en ese entonces Siedo.
“Me bajaron del vehículo, después me desvendaron los ojos para tomarme una fotografía, yo ya estaba dentro de un edificio deshabitado, inmediatamente me volvieron a tapar los ojos, y me estuvieron golpeando no sé cuánto tiempo, perdí la noción del tiempo; me sacaron del domicilio, me subieron a otro vehículo y me subieron a un avión, bajándome del avión me desvendaron para tomarme fotografías y ahí me percaté de la presencia de otros dos sujetos más, de ahí me ingresaron a una base o no sé qué sería, me golpearon ahí, me pusieron toallas y bolsas en la cara para no permitir mi respiración, en la espalda tengo unas marcas que me dejaron cuando me golearon muy fuerte, no sé con qué me golpearon”, relató.
La comisión incluyó en el documento una nota periodística de Excélsior del 27 de septiembre del mismo año, donde la víctima fue identificada como Carlos Uriel de Santiago Hernández y originario de San Luis Potosí, a quien junto a dos personas más “se les decomisaron dos vehículos, dos armas cortas, un arma larga, cuatro granadas de guerra, equipo de comunicación, 20 mil dólares americanos y 12 kilos de mariguana”.
Añadió que los marinos “vulneraron el derecho a la integridad y seguridad personal de la víctima, al provocarle de manera intencional sufrimientos físicos y psicológicos con la intención de que aceptara lo que los agentes aprehensores le decían sobre la organización delictiva a la que se le vinculó, lo que constituyó tortura en su agravio”.
La CNDH consideró que los marinos, así como el médico naval que atendió a la víctima “incurrieron en violaciones a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, y a la integridad personal por actos de tortura”, por lo que ordenó al secretario Soberón Sanz a compensar al hombre y reparar el daño ocasionado.
Además, recomendó brindar al agraviado la atención psicológica necesaria e inscribirlo en el Registro Nacional de Víctimas para que reciba los beneficios a los que tiene derecho por ley.
Hasta el pasado 21 de diciembre, Carlos Uriel seguía sujeto a proceso y detenido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de mariguana con fines de venta, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos de arma de fuego.
Redacción
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