El ministro hizo un pronunciamiento sobre las consideraciones y efectos sostenidas en la decisión sobre uso recreativo de la mariguana
El máximo tribunal de México, y además la cabeza del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 4 de noviembre dio uno de los más controversiales y recordados resolutivos en mucho tiempo: por cuatro votos a favor y uno en contra, en su Primera Sala de la Corte concedió el amparo a cuatro personas físicas, quienes, gracias a esto, obtendrán un permiso del Gobierno federal para realizar todos los actos necesarios para obtener su mariguana, que no podrán vender ni distribuir a terceros.
El ministro José Ramón Cossío Díaz fue quien mostró la postura más radical que consideró demasiado limitados los efectos del proyecto de Arturo Zaldívar.
Al respecto de las medidas, Cossío hizo posicionamientos críticos al proyecto, ya que de no prever medidas exhortativas de carácter estructural, que orillaría llevar el debate de la aprobación del uso lúdico y recreativo de la mariguana, “lejos de estar protegiendo los derechos de nuestros ciudadanos, los estaríamos poniendo en riesgo”.
Por un lado, el ministro calificó a la decisión tomada como “un pronunciamiento general sobre la política nacional en materia de drogas”, y que además toca diversas aristas como la afectación a la salud de los individuos, la salud pública, el orden público, la violencia, la delincuencia y la corrupción.
En ese sentido, y recordando la experiencia que ha tenido el país con el manejo de algunas otras sustancias, “hubiera sido deseable acudir a conocimiento técnico y científico especializado de manera formal, así como escuchar las opiniones de diversos sectores”
Por ese motivo, Cossío indicó la oportunidad que hubiera significado atender con mayor profundidad el tema, que pudo haber escalado no solo para el caso de las cuatro personas físicas, sino también abrir el debate nacional.
“Haber realizado respecto del tema de la legalización de la marihuana un ejercicio como el acabado de mencionar hubiera permitido a esta Suprema Corte de Justicia no solo resolver este caso concreto, sino constituirse en el foro nacional para la discusión y futura implementación de una política integral en materia de drogas.
El ministro referido hizo una segunda crítica con respecto a la colocación en el proyecto del derecho al libre desarrollo de la personalidad, alertando que esto podría sentar precedente y eliminar “cualquier posibilidad de intervención estatal cuando estemos frente a una sustancia que produce una afectación ‘no tan grave’ en la salud de las personas.”
“La obligación constitucional es garantizar positivamente el derecho a la salud. Lo que resulta desproporcionado es que el Estado pretenda utilizar el Derecho Penal para proteger el derecho a la salud y el orden público. Sin embargo, ello no puede traducirse en un coto vedado para la acción estatal”, señaló Cossío Díaz.
“El que el consumo de cierta sustancia se encuentre permitido, no tiene como consecuencia que el Estado esté impedido para regular las conductas asociadas a tal consumo ni prevenir, atender o tratar sus efectos”.
Por último, si bien se manifiesta a favor de los resolutivos del proyecto, el andamiaje construido para poder abordar el tema cree que resultará “cuando menos problemático”, y que deja de lado el componente fundamental que debería acompañar una resolución como la aprobada el miércoles, “esto es, el enfoque de salud pública, pues la autorización de las sustancias necesariamente conlleva su regulación a partir del eje central de la salud pública.
Y es que “no podemos otorgar una autorización abierta a los quejosos sin acompañarla de lineamientos para el establecimiento de una política pública integral en materia de drogas”, señaló.
“El hecho de que no exista evidencia científica concluyente sobre el grado de afectación que causa el consumo de la marihuana, como el propio proyecto lo reconoce, no nos permite considerarla como una sustancia inocua, de ahí que tengamos frente a nosotros un reto enorme en términos de salud pública”.
Puede consultar el posicionamiento completo del ministro José Ramón Cossío Díaz aquí.
Redacción
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