Por unanimidad se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Ingrid, que busca evitar la “revictimización”. Se turnó al Senado de la República
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Ingrid para sancionar hasta con 10 años de cárcel a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen material relacionado con una investigación penal, condiciones personales de una víctima o circunstancias de hecho.
Se trata de un proyecto de reformas al artículo 225 del Código Penal Federal que busca evitar la “revictimización” y se impulsó tras la difusión de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México en febrero de 2020.
Las sanciones aumentarían en caso de que el material que se difunda se refiera a mujeres, menores o personas con discapacidad.
El dictamen se turnó al Senado de la República, donde continuará con su proceso legislativo.
Legisladores de las distintas bancadas en la Cámara Baja coincidieron en la importancia de detener la difusión de material, particularmente imágenes y videos, de víctimas en redes sociales.
La reforma prevé una pena de cuatro a 10 años de prisión y multa de 100 a 150 días a quien “por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, o de cualquier material o información relacionada con la investigación penal de una víctima”.
Con información de López-Dóriga Digital
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