Legisladores respaldaron la lucha de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, contra el pin parental al ser violatorio de la Constitución
Legisladores a nivel federal y del Congreso de la Ciudad de México manifestaron su respaldo a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y advirtieron a los congresos estatales que el llamado ‘pin parental‘ viola la Constitución Política.
La Comisión Para la Igualdad de Género del Senado de la República manifestó que como representantes populares, los legisladores deben dejar sus creencias personales de lado y ajustar su actuación a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución.
De esta forma, la Comisión exhortó a no aprobar leyes contrarias a la educación científica, laica e inclusiva.
El llamado pin parental violenta los derechos humanos y diversas disposiciones constitucionales. Es una medida que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable, además niega el derecho a una educación con perspectiva de género, como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia”, expuso.
Aunque reconocieron como libertad de expresión el que personas y representantes populares promuevan el pin parental, los legisladores alertaron que algunas asociaciones civiles, vinculadas con posiciones ultraconservadoras, han lanzado una campaña de ‘linchamiento’ mediático contra la secretaria Sánchez Cordero.
Señalaron que asociaciones ultraconservadoras pretenden disfrazar una medida claramente violatoria de la Carta Magna y tratados internacionales como una acción ligada al proceso de formación cultural que cada familia tiene derecho a realizar respecto a sus hijas e hijos.
Por ello, negaron que el Estado pretenda hacerse de la facultad de la educación exclusiva de niños y adolescentes o que se busque negar el derecho a las familias de educar a sus hijos como mejor consideren.
Es mentira que con las políticas educativas actuales se haya aumentado la homofobia y la violencia ligada a la discriminación, y es totalmente falso que el pin parental sea un derecho que puede hacerse valer en términos legislativos”, sentenciaron.
De esta forma, la Comisión respaldó la actuación de la secretaria de Gobernación para alertar a los congresos sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometerían en caso de aprobar el pin parental.
Alegaron que el artículo 1 constitucional establece la obligación de las autoridades nacionales de respetar, proteger, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
Por su parte, el artículo 3 defiende que la enseñanza debe ser laica, democrática, nacional, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia.
El documento fue suscrito por senadoras y senadores de Morena, el PT, Movimiento Ciudadano, PVEM y PES, así como por diputadas federales y del Congreso de la Ciudad de México.
Con información de López-Dóriga Digital
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