Para Artículo 19, el auto de formal prisión contra Mario Marín constituye un importante avance en la búsqueda de justicia para Lydia Cacho
La lucha por lograr justicia de la periodista Lydia Cacho, torturada en 2005 tras destapar una red de pornografía y prostitución infantil, avanza con la orden de un juez de iniciar el proceso penal contra el exgobernador del estado de Puebla, Mario Marín (2005-2011), arrestado la pasada semana en Acapulco.
Con el auto de formal prisión dictado este miércoles por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Quintana Roo se establece que Mario Marín, de 66 años y apodado “El Góber Precioso“, permanecerá en la cárcel en tanto se desarrolla su juicio por el delito de tortura.
“Con esta determinación se inició formalmente el proceso penal contra Mario Marín, se inicia formalmente el proceso que se desahogará conforme a la ley, pasará etapa probatoria, desahogo de prueba y eventualmente, se llegará a la emisión de la sentencia”, declaró Luis Knapp, coordinador de defensa de la ONG, Artículo 19, en una rueda de prensa desde Cancún.
Para el representante del área legal de este organismo de defensa de la libertad de expresión, esta resolución constituye un importante avance en la búsqueda de justicia para Cacho.
“Lydia Cacho fue castigada por ser periodista, por hacer su labor, por investigar y por publicar información de interés público. Particularmente en temas de pornografía, prostitución infantil y trata de personas, que fue lo que detonó aquellos eventos”, señaló.
Brutalidad e impunidad
El caso de Lydia Cacho es considerado como un triste referente sobre la violencia que padecen los periodistas en México, uno de los países más violentos del mundo para ejercer el oficio.
Y también es visto como un ejemplo flagrante de la impunidad en el país.
La periodista y activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
El empresario era uno de los principales señalados en el libro dedicado a la investigación del suceso titulado “Los demonios del Edén“, en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil que implicaba a empresarios cercanos al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en 2007 que no se violaron “de forma grave” las garantías individuales de Cacho, en una polémica decisión.
Aunque en 2019, el Gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ofreció una disculpa pública a Cacho, reconociendo que se vulneraron sus derechos humanos.
Este mismo año una juez dictó una orden detención contra Marín, Nacif, y otros funcionarios de esa época.
Solamente el primero ha sido detenido. Y José Kamel Nacif estaría en el Líbano, país con el que México no tiene tratados de extradición, dijeron este miércoles los abogados.
“Casi la totalidad, el 98 por ciento de los delitos contra periodistas en México se encuentran impunes”, lamentó Knapp, quien a su vez celebró que este es el primer caso de un funcionario de alto nivel bajo proceso judicial por delitos contra una periodista.
Las palabras de Cacho
Aunque la periodista no estuvo presente en la rueda de prensa, en días recientes ha estado activa en Twitter para dar su punto de vista sobre la detención, que consideró un triunfo a medias.
“El exgobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión. Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa, pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Kamel Nacif. Seguimos en la batalla”, advirtió en la red social.
Por su parte, Araceli Andrade, abogada defensora de Lydia Cacho, señaló que apenas comienza un largo y difícil proceso, que puede durar hasta dos años.
“Un auto de formal prisión no hace justicia, simplemente inicia un procedimiento que esperamos feroz”, concluyó.
Con información de EFE
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