El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro uso el primer freno provisional al padrón de celulares aprobado hace unos días por el Congreso
Un juez federal concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) aprobado hace unos días por el Senado de la República.
Lo anterior fue concedido por el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiofusión y Telecomunicaciones.
Gómez Fierro argumentó que la entrega de datos biométricos puede no ser idónea para perseguir de delitos.
Este amparo fue concedido únicamente a Óscar González Abundis para evitar su registro en el padrón de celulares.
“Recordemos que la finalidad del PANAUT es crear una base de datos con información de las personas que sean titulares de una línea telefónica móvil, para el intercambio de información con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos”, se lee en el documento.
De un análisis superficial -como el que implica analizar la apariencia del buen derecho- este juez de Distrito advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el PANAUT, podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente”, puntualizó.
Será el próximo 27 de abril cuando se conozcan si se concede al quejoso la suspensión definitiva,
El padrón contendrá el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y sus datos biométricos, entre otra información.
Los concesionarios podrán dejar sin servicio a quienes no proporcionen sus datos.
Aquellos con líneas preexistentes tendrán un plazo de dos años para acudir a dar su información y de seis meses para nuevas líneas.
Con esto, México se convirtió en uno de casi 20 países del mundo que exige los datos biométricos, que incluyen las huellas digitales y el iris.
Con información de El Universal y López-Dóriga Digital
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