Ignacio Morales Lechuga, notario público 116 de la Ciudad de México, aseveró que esta iniciativa de reforma, que pretende regular el arrendamiento en la Ciudad de México, es innecesaria
Ignacio Morales Lechuga, notario público 116 de la Ciudad de México, calificó como “absurda” e “inconstitucional” la iniciativa de Ley Inmobiliaria propuesta por Morena en el Congreso capitalino.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula aseveró que esta iniciativa de reforma, que pretende regular el arrendamiento en la Ciudad de México, es innecesaria aunque no es la primera vez que se agrede a la propiedad privada en la capital.
“Pareciera ser que no reconocen en la propiedad un derecho humano, cuando ha sido reconocido por todos los organismos, inclusive por Naciones Unidas. Esta reforma no beneficia ni al propietario ni al arrendatario”, dijo.
“Ya existe un artículo, el 1296 BIS del Código Civil que establece que frente a tragedias como sismo, terremoto, pandemia o algunas otras ocasionadas por la naturaleza o por la acción del hombres existe la posibilidad de variar las condiciones que existen en un contrato de larga duración, en donde las partes pueden ponerse de acuerdo para variar el pago durante algún tiempo considerando que la emergencia puede alterar la equidad en el contrato”, recalcó.
“Esta iniciativa es un despropósito, es injusta, inconstitucional, absurda, no ayuda a nadie, es una reforma demagógica que está hecha para el aplauso fácil pero no para que sea útil a los sectores económicos, sobre todo para un sector que ha sido profundamente golpeado como la vivienda”, reiteró.
Esta iniciativa fue presentada por los legisladores morenistas Martha Ávila, coordinadora del grupo parlamentario, José Luis Rodríguez y Valentina Batres, y que pretende reformar los artículos 2398 y 2406, y adicionar los artículos 2406 Bis, 2425 Bis y 2431 Bis al Código Civil para el Distrito Federal.
Morelos Lechuga afirmó que entre las reformas que plantea la iniciativa obligar a que los contratos tengan una duración mínima de tres años, “lo que alteraría altera las circunstancias del arrendamiento”.
Además, el arrendador que pierda el documento del contrato no podría demandar ni lograr desalojo ni probar la existencia del arrendamiento por los medios ordinarios que hoy existen, por lo que “se privan el derecho de presentar el vínculo que un contrato genera”.
Esta reforma se aplicaría tanto a contratos antiguos y a los que en el futuro se celebren, “con lo cual la vuelve inconstitucional por tener una aplicación retroactiva”.
En el documento se recalca que no se pueden realizar los desalojos como lo establece el artículo 60 de la ley Constitucional de Derechos Humanos, “lo que obligaría a los propietarios a que estos desalojos se prolonguen por cinco o seis años en detrimento de la destrucción de la propiedad o la pérdida de valor”.
Si quisiera modificar algún plazo aún después de los tres años, el arrendador perdería la garantía que tiene establecida para el contrato y se prohibiría que el propietario exija garantías como fianzas o referencias inmobiliarias
“Es una intromisión en algo que ha funcionado hasta ahora bastante bien, no sé por qué estas dos diputadas de Morena consideraron que con esto resuelven los problemas originados en la pandemia”, destacó Morales Lechuga.
“Tenemos que ser solidarios, pero no se puede ser solidarios a costillas del bolsillo de los particulares, es una tarea del gobierno, no de los particulares, que muchas veces al adquirir una propiedad que puedan rentar, se convierte en su ingreso de por vida, es como su seguro de desempleo o pensión de jubilación a ellos más golpea de aprobarse esta reforma”, declaró.
Morales Lechuga destacó que muchos diputados capitalinos, tanto de oposición como de Morena, están en contra de esta iniciativa, por lo que si se realiza un debate sobre esta en conjunto con otras organizaciones “podría irse para atrás y no aprobarse”
Con información de López-Dóriga Digital
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