Iñaky Blanco, exfiscal de Guerrero, responde a llamamiento de la FGR por caso Ayotzinapa
Protesta de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Foto EFE

Iñaky Blanco Cabrera, exfiscal general de Guerrero, compartió una carta tras el llamamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa.

En su carta, el exfuncionario estatal acusó que Gildardo López Astudillo, a quien identificó como integrante de Guerreros Unidos, ofreció un testimonio “plagado de imprecisiones, contradicciones y mentiras”.

Blanco Cabrera se encuentra entre los exfuncionarios guerrerenses llamados a comparecer por la FGR ante las nuevas líneas de investigación abiertas por el caso Iguala.

Aquí el contenido íntegro de la carta:

Ante el reciente llamamiento de la Fiscalía General de la República, a fin de que rinda testimonio por tercera ocasión, es dable comentar que hace unos días le solicité al titular de la Unidad Especial en la Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa que estén presentes en dicha diligencia los padres de los jóvenes desaparecidos y sus asesores jurídicos, así como los integrantes del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, con el propósito de dar lugar a un ejercicio inédito, a través del cual se transparente, aún más, la diligencia de mérito y de que exista la posibilidad de escuchar los planteamientos o dudas de dichas personas por cuanto hace a mi actuación en la atención del asunto de mérito.

En lo concerniente al propósito de la diligencia, interpreto que se abordarán aspectos intocados en mis dos anteriores declaraciones:

El dicho del testigo colaborador identificado como “Juan”, cuyo nombre real es Gildardo López Astudillo, quien es integrante del grupo delincuencial denominado Guerreros Unidos, en el cual radica, sin lugar a dudas, la autoría material e intelectual de la privación de la libertad y desaparición de los estudiantes normalistas.

Al respecto, es de destacar que se trata de un ateste singular y de oídas, dado que el sujeto en cuestión aduce haberse enterado de los hechos por pláticas, a través de mensajes de BlackBerry y por la radio. De igual modo, debe tomarse en cuenta que “Juan” se excluye de la narrativa de los hechos en carácter de sujeto activo del delito, cuando lo cierto es que tuvo una participación directa en carácter de perpetrador.

Es un testimonio plagado de imprecisiones, contradicciones y mentiras. Contra lo que él expone, hay todo un cúmulo de datos de prueba, dentro del cual destacan los denominados Chats de Chicago o Intervenciones Legales de la DEA, los recientemente dados a conocer Chats del Ejército, los testimonios limpios (no obtenidos mediante tortura) de los hermanos Bernabé y Cruz, de apellidos Sotelo Salinas, y la declaración obtenida por la CNDH de Juan Miguel Pantoja Miranda, alias “El Pajarraco”.

El otro aspecto que no fue abordado en mis anteriores declaraciones y sobre el cual se ha dado a conocer información en algunos medios es el involucramiento de agentes o elementos de la Policía Ministerial del Estado y de servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno.

Lo anterior, también deriva del testimonio de Gildardo López Astudillo, quien alude a un supuesto intercambio de cuerpos, esto es los de un número importante de indigentes que, según él, fueron ejecutados para hacerlos pasar por los de los estudiantes. Tal afirmación raya en lo absurdo, iluso, demencial e inverosímil si se toma en cuenta que, a la fecha, existen sofisticadas técnicas periciales en materia de genética forense para determinar la identidad de las personas, más aún si, como lo fue, se trata de restos humanos útiles para ello, es decir osamentas que presentaban tejidos blandos expuestos al fuego, sobre las cuales, conforme a los cronotanato-diagnósticos, no existió correspondencia con la fecha en que ocurrió la desaparición de referencia (26 y 27 de septiembre). No debe olvidarse que buena parte de los restos u osamentas encontrados en las fosas de Pueblo Viejo, fueron identificados por la PGR y el equipo de forenses argentinas, tratándose de personas que fueron secuestradas por los Guerreros Unidos.

Asimismo, Juan expone que ocurrió una supuesta siembra de restos de parte de los normalistas que fueron quemados en crematorios y posteriormente esparcidos en el vertedero de Cocula, donde fueron encontrados por la PGR en una fecha en la que el control de la investigación estaba, única y exclusivamente, a cargo de esa institución. Al respecto, hay periciales, validadas por distintas instancias, que concluyeron que los restos encontrados en el basurero fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada no propia de un horno crematorio.

En sentido similar, el abogado Vidulfo Rosales declaró recientemente que existió un acuerdo entre los gobiernos federal y estatal con los Guerreros Unidos para que estos entregaran unos restos de los estudiantes y así “calmar” las cosas.

En ese supuesto entramado, debieron intervenir muchísimas personas, cabezas o responsables de distintas áreas o dependencias gubernamentales y múltiples colaboradores, lo cual resulta una total barbaridad. Aún más, de haber sido así, contrario a ello (supuesta entrega de restos o cuerpos) se hubiese conocido el paradero o destino de algunos de los jóvenes desaparecidos, lo cual no ocurrió ni ha ocurrido. Cuando se habla de colusión o arreglo entre gobiernos, se omite, a conveniencia, que en ese entonces hubo una clara ruptura entre ambas administraciones que culminó con la salida del Gobernador del Estado de Guerrero y que se intentó arraigar y proceder penalmente contra varios servidores públicos del ámbito local al haberse negado a declarar en el sentido que pretendía el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Ahora bien, si existió algún grado o tipo de involucramiento de elementos de la Policía Investigadora Ministerial, tal como dio cuenta la CNDH en su recomendación o a partir de otros datos obtenidos por la FGR, soy uno de los principales interesados en que se actúe en consecuencia. En tal sentido, debe tenerse presente que se trataría de responsabilidades a título personal o individual, más no institucional, toda vez que, contrario a ello, son de tomar en cuenta distintos factores o aspectos: La investigación previa de los Guerreros Unidos, respecto de la cual, la Fiscalía Estatal fue instancia generadora y de permanente intercambio de información con el Gobierno Federal (PGR, PF, CISEN y SEDENA), conociendo, por cierto, el papel que jugaba Gildardo López Astudillo al interior de tal organización delictiva y teniendo la intención de detener al entonces presidente municipal José Luis Abarca. De igual modo, están las detenciones y consignaciones de policías e integrantes de los Guerreros Unidos (33, entre ellos el citado Abarca) la noche del 27 de septiembre y en días posteriores, destacando los datos que permitieron conocer la identidad de casi 30 efectivos conocidos Los Bélicos. Así también, el operativo de búsqueda y resguardo de 68 estudiantes normalistas la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y las acciones de búsqueda en días posteriores (144).

Por último, deben considerarse las amenazas de muerte hacia mi persona por parte de José Luis Abarca, para lo cual se comisionó a varios integrantes de los Guerreros Unidos, tal como me lo hizo saber un integrante del Grupo de Coordinación Guerrero que hoy es parte del Gobierno Federal. Del mismo modo, resaltan las instrucciones que dieron los hermanos Salgado Casarrubias a Gildardo López Astudillo con el fin de responsabilizar al Gobierno del Estado y a mi persona de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre, tal como se advierte en las intervenciones telefónicas de la DEA.

Quiero puntualizar que al estar en prisión y al ser excarcelado, Gildardo López Astudillo tuvo el tiempo necesario para pensar o estructurar una nueva o aparente versión de los hechos, destacando, reitero, que en la que aportó recientemente se excluyó de la misma, y que al haber sido liberado, pudo actuar a conveniencia y alterar los lugares en que ocurrieron los hechos al ser pleno conocedor de ellos.

El Gil y otros integrantes de los Guerreros Unidos que han sido liberados por supuestas violaciones al debido proceso pueden ser nuevamente detenidos y consignados por el caso Ayotzinapa y por otros hechos (secuestros, extorsiones, homicidios, entre otros) en los que sabe que estuvieron involucrados, por lo que espero, con absoluto respeto, que las autoridades competentes reparen lo que deba perfeccionarse, que se integren nuevas carpetas y que éstas se judicialicen.

A lo largo de mi vida y de mi trayectoria profesional en el servicio público y en el ámbito privado, siempre he actuado en estricto apego a la ley. Hoy los invito, una vez más, a realizar un análisis de los hechos con absoluta objetividad, profundidad, integralidad y en contexto.

Con información de López-Dóriga Digital